Jurista zuliano Juan Pablo Montiel denuncia trama de corrupción en Carbozulia, presuntamente ligada a Pdvsa cripto.
En rueda de prensa efectuada este viernes 23 de junio el abogado zuliano Juan Pablo Montiel, con pruebas en mano denunció el entramado de corrupción que se produjo según él, durante el periodo 2018-2022, bajo la administración de Francisco Javier Aguilar, quien fungió como presidente de la empresa Carbozulia en ese tiempo.
«Queremos hacer del conocimiento público sobre un tema muy importante que ha sido bandera del gobierno venezolano, como es la lucha contra la corrupción, los blanqueadores, los vicios y la desviación de recursos que se puedan dar en los cargos de alta gerencia en las empresas nacionales», indicó el abogado Juan Pablo Montiel.
El jurista, aseguró que Aguilera suscribió contratos con empresas que carecían de responsabilidad jurídica, es decir inexistentes, y que fueron usados equipos de terceras empresas privadas contradas, las cuales además del estado venezolano también resultaron afectadas, causando la inoperatividad de las minas de carbón como Pasó el diablo y mina Sur, así como también afectando a los indígenas asentados en la zona donde se ubica carbozulia, a quienes les incumplienron los benéficos que por ley les correspondían.
Montiel, compareció con miembros de las comunidades involucradas, hasta la sede del ministerio público en Maracaibo, allí consignaron la denuncia formulada y las pruebas con las que cuentan.
Detalló que El ex presidente de Carbozulia Francisco Aguilera fue designado en esta empresa estsdal el 19 de julio de 2018, mediante la resolución del ministerio del poder popular de de industria y producción nacional número 012.
Expresó el jurista, que este ciudadano, presuntamente abusando del ejercicio de sus funciones, incumplió con las responsabilidades inherentes a su cargo y transgredió la ley.
» Es decir suscribió contratos para la explotación carbonífera del estado con empresas inexistentes jurídicamente y sin la aplicación ni exigencias de garantías y/o fianzas, qué le garanticen al estado el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas y los eventuales daños y perjuicios causados a la nación», destacó.
Igualmente resaltó el abogado Juan Pablo Montiel, que una de estas empresas, luego de culminar anticipadamente el régimen contractual aplicable, procedió a convocar un proceso de liquidación de la misma, teniendo como objetivo principal el cese de las operaciones y el desconocimiento de las obligaciones con el estado o con los particulares vinculados a dicha empresa.
Manifestó, que para el desarrollo de esta trama de corrupción, la gerencia mencionada suscribió contratos de servicios y de ejecución de labores que tienen que ver con la explotación minera, donde entre otras cosas se evidencian desequilibrios operacionales y financieros a favor de las empresas contratistas en perjuicio de la nación.
«Entre otros aspectos resalta, el suministro de activos, derecho de comercialización de suministros carboníferos y la aplicación de tarifas a favor de las empresas contratistas, qué generaron un volumen de facturación superior al millón de dólares americanos mensuales, por un período de 3 años sin ningún beneficio financiero para la nación» señaló el jurista.
Solicitó a la fiscalia y la contraloría general de la República Bolivariana de Venezuela realice una visita técnica operacional y constate los daños ocasionados a las minas.
YULI PINEDA C.N.P. 6.781
