Dirigentes de la oposición venezolana proponen utilizar los excedentes de la recaudación por hidrocarburos para financiar un urgente aumento de sueldo a los trabajadores.
Ciertamente, el país percibe un ingreso fiscal petrolero calculado en 22 mil millones de dólares, superando las estimaciones iniciales por un amplio margen de ganancia.
Por lo tanto, el economista José Guerra afirmó que estos recursos adicionales permiten costear un ajuste salarial que oscile entre los 80 y 100 dólares mensuales.
El dirigente opositor exhortó formalmente al Ejecutivo nacional a recordar las necesidades prioritarias del sector laboral activando un inmediato aumento de sueldo a la clase trabajadora.
Viabilidad financiera del aumento de sueldo a los trabajadores
Además, el experto financiero señaló que los ingresos complementarios del Estado superan holgadamente los 10 mil millones de dólares durante el presente ejercicio fiscal actual.
Guerra explicó detalladamente que la distribución equitativa de la renta petrolera base garantiza la sustentabilidad técnica de este ajuste en la escala salarial vigente.
Consecuentemente, la propuesta económica busca recuperar el deteriorado poder adquisitivo de las familias venezolanas mediante la asignación directa de los recursos públicos excedentes.
La oposición sostiene firmemente que el erario nacional posee la liquidez requerida para decretar el aumento de sueldo a los trabajadores sin generar presiones inflacionarias.
Prioridades presupuestarias ante la reestructuración
Finalmente, el exdiputado abordó el actual proceso de reestructuración gubernamental liderado por la presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El analista recomendó al Ejecutivo priorizar las inversiones destinadas a las áreas críticas de la salud pública y el sistema educativo formal de la nación.
Por consiguiente, la dirigencia política opositora plantea reorientar el gasto hacia la optimización de los servicios básicos fundamentales y el aumento de sueldo a los trabajadores.
La propuesta técnica queda formalizada ante la opinión pública mientras los gremios laborales esperan anuncios oficiales sobre la distribución de las riquezas del petróleo.
RDN
