El 27 de febrero de 1989 se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas que después se extendieron por toda Venezuela y generaron grandes disturbios. Un acontecimiento social que luego fue denominado el Caracazo. Desde entonces han pasado 35 años.
Los disturbios iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte urbano.
El hecho culminó con un elevado número de víctimas mortales (las cifras oficiales reportan 276 muertos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos), la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional, después de que salieran a las calles a controlar la situación.
El estallido social que empezó en Guarenas también dejó numerosos lesionados, desaparecidos y grandes pérdidas materiales. Tras el hallazgo de las fosas comunes conocidas como La Peste I y La Peste II, en el Cementerio General del Sur, la cifra quedó desvirtuada y para la fecha no hay un número preciso.
Según la reseña de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las protestas consistieron en la quema de vehículos destinados al transporte urbano, el saqueo y la destrucción de locales comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas.
Parte del extracto de esa sentencia indica que “el control de la situación se encomendó a fuerzas militares, para lo cual se trajeron del interior del país, aproximadamente nueve mil efectivos. Dichas fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 18 años reclutados en febrero de 1989«. Es decir que tenían poca experiencia «y fueron equipados con armas de asalto (FAL o Fusil Automático Ligero, 7.62mm) para controlar la población civil y vehículos blindados AMX-13. Sin contar que una buena parte de la Policía Metropolitana estaba en huelga por los bajos sueldos que percibían y era la que debía salir a contener a los manifestantes”.
“El 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la Constitución venezolana de la época (1961): libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64); libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115)”, dice parte del texto.
Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989. Las Fuerzas Armadas de Venezuela durante los 23 días, que duró la suspensión de garantías y, particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989, tuvieron el control del territorio y de la población. También dispusieron para los primeros días un toque de queda que obligaba a la personas a permanecer en sus casas entre las 6 p.m. y 6 a.m. Durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos para reprimir los actos violentos.
El resultado ya se sabe: ejecuciones extrajudiciales, violación de los derechos humanos, a la integridad física, a los hogares y más muerte que orden.
Antecedentes
La economía venezolana vivía una crisis y los analistas la vinculan con el endeudamiento en el que incurrió el país luego del denominado boom petrolero en los años 70. La economía se percibía inestable debido a su dependencia de la volatilidad de los precios del petróleo.
A merma en los precios del crudo ralentizó la economía mientras el Estado venezolano aumentaba sus gastos. La devaluación de la moneda en 1983 es atribuida a este fenómeno. Las gestiones de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no lograron frenar la dinámica inflacionaria, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional.
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