La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha hecho una declaración a través de sus redes sociales con respecto a la persecución que el Gobierno de Nicolás Maduro está llevando a cabo contra defensores de derechos humanos y activistas políticos.
En un comunicado emitido en X, los diplomáticos mencionaron las detenciones de la abogada Rocío San Miguel, así como de los dirigentes del partido político Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández, todos ellos arrestados durante los primeros meses de 2024 por motivos políticos.
«Exigimos la liberación inmediata de Rocío San Miguel, una defensora de los derechos humanos que lleva casi dos meses detenida sin un debido proceso. También demandamos la liberación de Henry Alviárez y Dignora Hernández, colaboradores del partido opositor Vente Venezuela, junto con todos los presos políticos en Venezuela», expresó la embajada en su cuenta en X.
Es importante recordar que Rocío San Miguel no ha tenido acceso a su derecho a una defensa privada. Su abogado, Joel García, ha afirmado que su situación judicial es vulnerable debido a esto.
«El Ministerio Público ha presentado acusaciones contra Rocío San Miguel y Alejandro González, violando su derecho a una defensa adecuada, ya que no cuentan con abogados de su elección, y el defensor público asignado nunca los ha visitado ni ha realizado ninguna actuación para defenderlos», declaró el abogado García el pasado primero de abril.
San Miguel, cuya expareja también fue detenida después de trabajar como gerente de Chevron en Venezuela, permanece recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Por su parte, Alviárez y Hernández fueron arrestados por organismos de seguridad venezolanos en marzo de este año, acusados de tener supuestos vínculos con tramas conspirativas anunciadas por el fiscal general, Tarek William Saab.
Además, otros siete miembros del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, se encuentran refugiados en la Embajada argentina, a la espera de recibir un salvoconducto que les permita evitar la detención que el Gobierno Nacional pretende llevar a cabo en su contra.
