El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de un cronograma especial destinado a la excarcelación de personas privadas de libertad.
Por lo tanto, el proceso judicial comenzó durante las últimas horas del día de ayer y las autoridades competentes estiman su culminación el próximo viernes.
La medida institucional contempla el otorgamiento de beneficios procesales especiales basados estrictamente en razones humanitarias evaluadas por el sistema de justicia del país.
Las condiciones legales vigentes para la excarcelación de personas
El parlamentario oficialista explicó detalladamente que la iniciativa legal incluye prioritariamente a ciudadanos de avanzada edad y a los menores de edad detenidos.
Sin embargo, el plan general también abarca el beneficio inmediato para mujeres embarazadas, madres en período de lactancia y ciudadanos con severas patologías médicas.
El vocero parlamentario señaló que algunos de los beneficiados directos presentan vinculaciones previas con hechos delictivos debidamente demostrados por la fiscalía de la nación.
A pesar de los cargos penales previos, las autoridades legislativas sostuvieron que la excarcelación de personas responde a criterios sociales y condiciones individuales médicas.
Por eso, la comisión especial revisó los expedientes de antiguos funcionarios pertenecientes a la Policía Metropolitana detenidos por los recordados sucesos políticos de abril.
Las medidas de gracia judicial favorecieron igualmente a ciudadanas específicas como las mencionadas jóvenes Samantha Hernández y la procesada penal Mary Perfecta Torres en Caracas.
Las organizaciones de derechos humanos informaron anticipadamente que esta nueva excarcelación de personas atiende a solicitudes humanitarias gestionadas por diversos sectores civiles nacionales.
En consecuencia, el sistema judicial venezolano coordina la revisión constante de los diferentes expedientes penales para otorgar nuevas medidas sustitutivas de privación de libertad.
El presidente del parlamento nacional aseguró que los tribunales mantendrán el análisis técnico de los casos especiales que presenten vulnerabilidades de salud comprobadas.
Los representantes de las instituciones públicas ejecutan los trámites administrativos necesarios para agilizar la excarcelación de personas recluidas en los centros de reclusión.
Finalmente, el poder judicial venezolano completará el traslado de los ciudadanos liberados hacia sus respectivos hogares familiares bajo los lineamientos jurídicos correspondientes.
