La diputada de la Asamblea Nora Bracho planteó la necesidad de aprobar una Ley de Emergencia Económica nacional este martes. La propuesta busca atender la crisis salarial actual.
Según la parlamentaria zuliana, es imposible que los ciudadanos cubran sus necesidades básicas hoy. Por ello, instó a declarar urgencia financiera para garantizar ingresos dignos.
La integrante del Grupo Parlamentario Libertad aseguró que el país requiere medidas inmediatas. No obstante, la atención a los servicios públicos también resulta prioritaria actualmente.
Propuestas legislativas tras la Ley de Emergencia Económica
Bracho también sugirió revisar la Ley del Trabajo y el marco del servicio eléctrico nacional. Además, el sector petrolero necesita nuevas normativas de hidrocarburos pronto.
La dirigente política insistió en eliminar mecanismos que limiten la libertad de expresión ciudadana. Igualmente, solicitó la derogación de normativas que impidan el pensamiento crítico hoy.
Asimismo, la diputada rechazó el uso de listas de control político en el país. Por el contrario, abogó por desterrar prácticas de exclusión del vocabulario nacional.
La estabilización integral del país requiere el desarrollo de normativas estructurales como la Ley de Emergencia Económica, así como un fortalecimiento en la gestión judicial que permita la operatividad de las instituciones bajo principios técnicos.
La diputada argumenta que consolidar un entorno legal equilibrado facilitará el establecimiento de acuerdos con actores económicos internacionales, factor relevante para alcanzar las metas de recuperación productiva nacional hoy.
De este modo, el robustecimiento de los mecanismos de gestión pública busca generar un escenario de certidumbre institucional que favorezca la participación ciudadana en los procesos democráticos.
Por consiguiente, la aprobación de la Ley de Emergencia Económica facilitaría la recuperación institucional. La transparencia electoral sigue siendo el camino principal para los cambios democráticos.
Finalmente, Bracho reiteró que un poder electoral confiable devolverá la confianza al voto. La implementación de la Ley de Emergencia Económica impulsará la justicia social necesaria.
