Sanciones y ayuda internacional: la Unión Europea confirmó este viernes el mantenimiento de sus medidas restrictivas hacia Venezuela, al tiempo que anunció la ampliación de recursos técnicos para atender los efectos de los sismos. El bloque continental desvinculó la asistencia humanitaria de la agenda diplomática ordinaria.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados este jueves frente al mar Caribe afectaron principalmente a Caracas y al estado La Guaira. El reporte preliminar de las autoridades reporta un balance de al menos 235 ciudadanos fallecidos y 4.300 heridos.
Sanciones y ayuda internacional: despliegue de asistencia en el terreno
Por su parte, la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, precisó que la flexibilización de las medidas de presión no está condicionada por la emergencia actual. Las penalizaciones selectivas responden de manera directa a la situación interna de los derechos humanos y los principios institucionales del país.
Asimismo, la portavoz comunitaria Eva Hrncirova informó que de inmediato ocho Estados miembros activaron el envío de cargamentos a través del Mecanismo de Protección Civil. La movilización incluye la incorporación de más de 520 efectivos especializados en gestión de desastres.
Coordinación logística y uso de tecnología satelital
En este sentido, las delegaciones de Italia y Luxemburgo distribuyeron equipos médicos avanzados, sistemas de telecomunicaciones satelitales y módulos de refugio temporal. La Comisión Europea activó de igual forma el servicio Copernicus para realizar la cartografía de las zonas afectadas mediante datos geoespaciales.
Al mismo tiempo, el portavoz de Exteriores, Anouar El Anouni, indicó que las oficinas consulares en Bruselas y Caracas coordinan los protocolos de seguridad civil. El diplomático recordó que las medidas restrictivas se revisan periódicamente sobre la base de avances verificables en el Estado de derecho.
Más adelante, se conoció que el gobierno de España solicitó formalmente retirar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la lista de ciudadanos sancionados por el bloque europeo. Esta modificación requiere el voto unánime de los Veintisiete Estados miembros, cuyas deliberaciones técnicas se encuentran actualmente en desarrollo dentro del Consejo.
