Las protestas en Colombia no cesan y parecen haberse salido de control, principalmente cuando reportan desaparecidos y muertos, dos elementos que mantienen encendida la llama del descontento. La noche de este martes, 25 de mayo, una turba enardecida incendió por completo el edificio sede del Palacio de Justicia en la localidad de Tuluá, Valle del Cauca.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, condenó este miércoles los actos vandálicos suscitados la noche de ayer en esa localidad, expresando que ninguna petición de dignidad y justicia puede hacerse sobre la base del vandalismo y la delincuencia.
Ramírez aseguró que atentar contra una institución de este tipo es un símbolo de incoherencia y una afrenta a la Constitución, a la justicia, a la sociedad y a Colombia.
«Basta ya de destrucción y muerte, de querernos dividir mediante la violencia. Estamos perdiendo vidas, empleos, producción, bienes y economía», escribió en su cuenta de Twitter.
Según informes y videos difundidos por la Policía, las llamas arrasaron con buena parte del tejado y el segundo piso de la institución judicial, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional.
«Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito», dijo por su parte el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, quien rechazó el ataque.
Aún se desconoce quién o quiénes están detrás del incendio que los bomberos intentaban apagar, aunque su llegada complicada por la situación de descontrol que reina en la zona y por un grupo de gente que, entre arengas y con el rostro cubierto, se encontraba en las inmediaciones del Palacio.
Tuluá vivió ayer momentos muy tensos con enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de protestantes y episodios de caos urbano, en una nueva jornada de las protestas que se suceden en todo el país desde el 28 de abril y que dejan 43 muertos.
RDN/Semana
