El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este domingo la detención calificada de «arbitraria» de uno de sus militantes en el estado Zulia, ubicado al noroeste del país. El arresto de Fernando Torrealba, miembro activo de la organización en la entidad zuliana, se produjo en horas de la mañana mientras participaba en una movilización pacífica convocada a nivel nacional para exigir que se permita el retorno de la dirigente opositora a territorio venezolano.
Detalles del arresto y denuncia de desaparición forzada
De acuerdo con el reporte emitido por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Torrealba fue interceptado y arrestado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en plena vía pública. Los portavoces de la agrupación política señalaron que el activista se encontraba en una calle de la entidad cuando los uniformados se lo llevaron de forma repentina. Desde el momento de su aprehensión, los familiares y representantes legales han denunciado que se desconoce su paradero exacto, lo que configura un escenario de desaparición forzada temporal.
Patrón de persecución y detenciones a la disidencia
Este incidente se suma a una serie de detenciones y medidas judiciales ejecutadas contra activistas y figuras de la oposición venezolana en lo que va de año. Apenas a mediados de septiembre, las autoridades detuvieron temporalmente al exalcalde Javier Oropeza tras su regreso del exilio en España, siendo liberado horas después tras una fuerte presión internacional y de la delegación opositora. Asimismo, el pasado mayo, el activista Yoel Sucre fue arrestado bajo acusaciones de terrorismo y posteriormente excarcelado bajo régimen de presentación periódica, lo que evidencia un patrón de hostigamiento sistemático denunciado por diversas ONG.
Advertencias de la ONU sobre el aparato represivo
La detención de Torrealba coincide con las recientes valoraciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la cual advirtió a mediados de septiembre que, a pesar de ciertos cambios coyunturales en el panorama político del país durante 2026, el aparato represivo del Estado permanece completamente intacto. Los expertos internacionales señalaron que los avances en materia de derechos fundamentales siguen siendo limitados y carecen de reformas institucionales profundas que garanticen la seguridad de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta pacífica y a la libre asociación política.
