Un grupo de 23 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas denunció este lunes la existencia de un complejo esquema de externalización migratoria liderado por Estados Unidos. Según el informe presentado por los relatores, este mecanismo involucra a al menos otros 35 Estados y ha resultado en la expulsión de aproximadamente 23.000 migrantes y refugiados hacia terceras naciones, exponiéndolos a graves riesgos de sufrir tortura, persecución y otras violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales.
Violación del principio de no devolución y falta de transparencia
Los expertos de la ONU, encabezados por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, señalaron que los acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos por diversos gobiernos para recibir vuelos cargados de personas expulsadas desde territorio estadounidense vulneran de forma directa el principio internacional de no devolución (non-refoulement). Este principio prohíbe estrictamente retornar a una persona a un territorio donde su vida o libertad corran peligro.
Asimismo, el comunicado conjunto advierte sobre la opacidad que rodea a estas negociaciones. Al carecer de mecanismos de transparencia, estos convenios internacionales quedan completamente al margen de la supervisión democrática, del control legislativo de las naciones involucradas y del monitoreo independiente por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.
Países latinoamericanos implicados en el esquema
Entre las naciones señaladas por los expertos de Naciones Unidas como partícipes de este entramado de externalización se encuentran diversos países de América Latina, tales como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. De acuerdo con la denuncia, algunos de los convenios firmados contemplan únicamente una recepción temporal de los migrantes para luego proceder a una nueva expulsión hacia un tercer país.
Este proceso de reenvío en cadena suele estar acompañado, según los relatores, de presiones psicológicas, coacciones y amenazas directas hacia los migrantes para forzarlos a solicitar el retorno voluntario a sus países de origen, ignorando deliberadamente los riesgos de seguridad y la falta de protección efectiva que motivaron su salida inicial.
La estrategia de la administración Trump y la batalla judicial
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha priorizado la firma de este tipo de acuerdos de tercer país seguro y de tránsito con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas, cumpliendo así con una de sus principales promesas de campaña. No obstante, esta política enfrenta una férrea resistencia en el ámbito judicial estadounidense.
Recientemente, el Gobierno de Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que le permita continuar con la deportación de migrantes a terceros países distintos a sus naciones de origen. Esta petición surge luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ratificara el fallo de un juez federal de Boston, el cual declaró ilegales las deportaciones rápidas a terceras naciones, abriendo un debate jurídico de gran envergadura sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
