Un alarmante panorama de vulnerabilidad y explotación de género ha quedado al descubierto en la frontera entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con el reciente informe titulado “Trata en la prostitución de mujeres y niñas en la frontera colombo-venezolana”, elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, el 78 % de las mujeres adultas víctimas de trata de personas en esta convulsionada región limítrofe son de nacionalidad venezolana. La cifra se vuelve aún más devastadora al analizar el segmento de menores de edad, donde el 99 % de las niñas y adolescentes rescatadas o registradas bajo este flagelo comparten el mismo origen migratorio.
Un diagnóstico de la precariedad en la zona limítrofe
El estudio, que documentó un total de 630 casos de trata de personas en el periodo comprendido entre 2018 y 2026, revela que la crisis humanitaria y la migración forzada continúan siendo los principales catalizadores de este delito. Paula Andrea Jiménez, codirectora de la organización Laboratorio Migrante, explicó en declaraciones a medios locales que factores estructurales como la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y la falta de documentación legal empujan a miles de mujeres a situaciones de altísima vulnerabilidad, convirtiéndolas en blancos fáciles para las redes de delincuencia organizada que operan en los pasos fronterizos.
El perfil de las víctimas y las zonas de mayor incidencia
La investigación detalla que el perfil de las afectadas corresponde mayoritariamente a mujeres jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 29 años. En términos geográficos, el departamento colombiano de Norte de Santander concentra la mayor cantidad de registros de trata con fines de explotación sexual, con especial énfasis en localidades como Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña. No obstante, el informe advierte que esta problemática se extiende con fuerza hacia las zonas fronterizas de los estados venezolanos de Táchira y Zulia, así como a la región del Catatumbo, donde la presencia de economías ilegales facilita el tránsito y ocultamiento de las víctimas.
Modus operandi de las redes de explotación
Las redes de trata operan mediante sofisticados mecanismos de captación que aprovechan la desesperación económica. El 85 % de los casos analizados se inician con falsas ofertas de empleo en el sector de servicios, promesas de altos ingresos en divisas o supuestas ayudas humanitarias. Asimismo, se ha detectado un preocupante patrón de reclutamiento forzado o bajo coerción, donde vecinas, amigas e incluso familiares directos que ya han sido captadas por las mafias son obligadas a captar a nuevas jóvenes bajo amenazas.
Una vez que las víctimas caen en las redes, son sometidas mediante el despojo de sus documentos de identidad, el consumo forzado de sustancias y amenazas directas con armas de fuego. El informe también alerta sobre nuevas modalidades de explotación digital, como el auge de plataformas webcam y la producción de contenidos para adultos sin consentimiento, lo que dificulta la detección de los abusos por parte de las autoridades al camuflarse detrás de fachadas comerciales aparentemente legales como spas, hoteles y alquileres temporales.
Actores armados y la urgencia de una respuesta binacional
La investigación vincula de manera directa a grupos armados irregulares que ejercen control territorial en la frontera, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la administración y protección de estas redes de explotación. Ante este escenario, organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de establecer mecanismos de cooperación judicial y policial binacional eficaces que permitan desmantelar estas estructuras criminales, garantizar la protección de las víctimas y ofrecer alternativas de regularización migratoria y apoyo socioeconómico para frenar la captación de mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad extrema.
