Un presunto bombardeo ejecutado por el Ejército venezolano contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado fronterizo de Apure habría dejado un saldo de al menos 19 personas fallecidas, según denuncias de activistas de derechos humanos y fuentes locales difundidas este sábado 31 de octubre de 2026. La operación militar se habría llevado a cabo en el sector Buena Vista del Meta, una zona estratégica caracterizada por la persistente presencia de grupos irregulares y disputas territoriales asociadas a economías ilícitas.
Detalles de la operación militar en Buena Vista del Meta
La información sobre el ataque aéreo y terrestre comenzó a circular a través del periodista Juan Francisco García Escalona, quien recopiló testimonios sobre una incursión efectuada el viernes 30 de octubre contra una instalación presuntamente operada por la guerrilla colombiana. Según las denuncias, el despliegue de las fuerzas armadas venezolanas resultó en la baja de numerosos combatientes en el sitio. De acuerdo con los reportes forenses preliminares, nueve de los cuerpos de las víctimas habrían sido trasladados a San Fernando de Apure para los procedimientos legales correspondientes a cargo de una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Por su parte, otros diez cuerpos habrían quedado en el lugar del bombardeo, mientras que un número indeterminado de heridos cruzó la frontera hacia territorio colombiano para recibir asistencia médica.
Disputas territoriales e intereses económicos en la frontera
El incidente ocurre en un contexto de crecientes tensiones que se han prolongado durante semanas en el eje fronterizo y fluvial del Orinoco y el Meta. Diversas fuentes comunitarias de origen indígena reportaron que, desde hace aproximadamente veinte días, se registran enfrentamientos armados en zonas como Los Pijiguaos, en el estado Bolívar, y en áreas adyacentes al paso del Burro. Analistas locales asocian este recrudecimiento de la violencia a disputas territoriales por el control de la explotación minera de recursos de alto valor como el coltán y la bauxita, así como por las rutas del narcotráfico.
Presión armada e identificación de posibles implicados
El periodismo local también ha denunciado el constante asedio que sufren los residentes de diversos municipios de Apure, tales como San Fernando, Muñoz y Páez. Localidades enteras como Elorza, Guasdualito y El Nula son señaladas como áreas críticas donde los grupos irregulares imponen presiones sobre las comunidades campesinas e indígenas. Durante las inspecciones iniciales tras el suceso, se habrían hallado documentos de identidad pertenecientes a ciudadanos identificados como Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez, además de supuestas licencias de conducir venezolanas y credenciales corporativas que forman parte de la investigación en desarrollo para esclarecer la identidad de los fallecidos.
