En un vertiginoso giro institucional, el Senado de Paraguay destituyó este viernes a Santiago Peña de la Presidencia de la República tras someterlo a un juicio político exprés por presunto mal desempeño de sus funciones. La sanción constitucional se consumó con 44 votos a favor de la condena, en medio de una tormenta política y financiera desatada en torno al caso Ueno Bank, entidad con la que el exmandatario mantuvo estrechos lazos empresariales.
La caída del Ejecutivo se fraguó en menos de 48 horas. Apenas el 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la acusación y remitió el libelo acusatorio al Senado. Ante el inminente proceso, Peña intentó anticiparse presentando su renuncia formal; sin embargo, la sesión bicameral convocada para tratar su dimisión colapsó por falta de cuórum. Con el recurso de la dimisión en el limbo, el mandatario continuó formalmente en funciones mientras el Senado aceleraba la maquinaria del juicio político.
Ya en el banquillo, la defensa del mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para estructurar sus argumentos, alegando indefensión ante los plazos exiguos. La plenaria del Senado desestimó la petición y dio continuidad al proceso sin la presencia ni los alegatos del gobernante destituido. Con la sentencia condenatoria, se aplica además la restricción prevista en el artículo 189 de la Constitución paraguaya, bloqueando el acceso de Peña a la senaduría vitalicia y a los fueros que esta conlleva.
El trasfondo del escándalo y la sucesión
El juicio político no hizo más que cristalizar la presión generada por la intervención de Ueno Bank, una crisis sistémica que impactó de lleno en unos tres millones de cuentahabientes y usuarios del sistema financiero. Las acusaciones que pesaban sobre el ahora exmandatario apuntaban a graves conflictos de intereses y a un manejo presuntamente irregular de los fondos previsionales.
Superada la destitución, el orden sucesorio recae sobre el vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá asumir el timón del Ejecutivo y completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. No obstante, el ascenso de Alliana dejará vacante la Vicepresidencia. Dado que el periodo restante es inferior a dos años, se activará el artículo 234 de la Carta Magna, el cual estipula que corresponderá al Congreso elegir por mayoría absoluta al nuevo vicepresidente que acompañará lo que resta de administración.
Fuente: 2001 Online
