Por Soc. Enrique Parra
Venezuela transita sobre una nueva perspectiva sociopolítica soportada en consensos sostenibles, reivindicación socioeconómica e inclusión laboral alrededor del impacto productivo del acuerdo energético Venezuela-EEUU.
En la actual coyuntura política y económica la gestión institucional encabezada por la Presidenta Delcy Rodríguez, exhibe una reorientación estratégica basada en tres pilares fundamentales: la reafirmación democrática, la justicia social y la consolidación de un entorno económico base del desarrollo integral del país.
Bajo la premisa expresada por la Jefa de Estado de «corregir lo que está mal, proteger lo que funciona y construir un país con oportunidades para todos», el Ejecutivo Nacional ha articulado un modelo de gobernanza volcado hacia el diálogo trilateral (Estado, sindicatos y sector empresarial) y la aplicación de políticas públicas de inclusión laboral y sostenibilidad de justas relaciones de producción.
Siendo así, el eje de la estrategia gubernamental reside en la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales; plataforma que responde a la necesidad de construir estabilidad en la paz social, mediante la concertación directa entre los distintos actores del proceso de producción.
Todo está orientado a robustecer el Ingreso y su poder adquisitivo, sobre un esquema sociopolítico de crecimiento de la producción nacional, con la recuperación sustancial del salario real de los trabajadores.
Ello implica, evaluar a través de revisiones periódicas y planes de ajuste progresivos la escala móvil de la inversión del Estado, en programas sociales y protección salarial.
La visión estratégica se fundamenta en el logro del equilibrio productivo-laboral con el objetivo de trascender la fijación de remuneraciones, abordando la modernización de las condiciones de trabajo y el establecimiento de acuerdos con el empresariado, para alcanzar alto nivel de productividad garante de la reinversión y la estabilidad de las relaciones laborales.
Esa visión abarca rigurosamente la inclusión social y capacitación técnica en busca de la transformación social desde el trabajo como hecho social. En éste enfoque las políticas públicas diseñadas para esta etapa de desarrollo económico y social es indispensable priorizar la formación técnica, en función de la inserción de sectores socialmente vulnerables y excluidos del aparato productivo.
Estas políticas sociolaborales se inscriben en un proceso integral de reformas institucionales, en la dimensión de un nuevo modelo de gobernanza determinada por el consenso ciudadano como desenlace político, condición sine qua non para el fortalecimiento de la historica democracia en Venezuela.
Se trata entonces de reafirmar la vocación democrática del pueblo venezolano, en la medida que la gestión publica del Gobierno estructure y despliegue políticas salariales con reivindicaciones sociales promotoras del buen vivir, mediante una distribución de la riqueza nacional con criterio equitativo y de justicia social.
En consecuencia, el objetivo estratégico es hacer Verdad Pública: las divisas que hoy tocan las puertas del país, aseguran el bienestar socioeconomico de todos los venezolanos.
ENTREVEO N° 171
Maracaibo, 08/11/2026
