El Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, un instrumento normativo que formaliza la entrada del sector privado en la generación, importación y comercialización de energía en el país, al tiempo que establece una reestructuración del esquema tarifario nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la medida tras su aprobación e indicó que el nuevo modelo no constituye una privatización de la infraestructura pública. “La ley no promueve, en modo alguno, la privatización del sistema eléctrico nacional”, aseveró el parlamentario, precisando que la titularidad y responsabilidad del Estado sobre el suministro a la población vulnerable se mantendrán inalteradas.
Ejes principales de la reforma normativa
- Inversión privada y comercialización: Se faculta a operadores particulares para generar energía y expenderla a grandes consumidores —tales como industrias, empresas y centros comerciales— a una tarifa prefijada.
- Tarifas indexadas y régimen de subsidios: Las tarifas del servicio eléctrico quedarán ancladas a una divisa de referencia internacional. Se prevé la implementación de un sistema de subsidios focalizados para atender a los sectores de menores ingresos.
- Nuevo ente regulador: Se dispone la creación de una superintendencia especializada que asumirá el control normativo, la supervisión de las tarifas, el régimen de autogeneración y la fiscalización de las empresas operadoras privadas.
Contexto de crisis y necesidad operativa
La aprobación del proyecto —impulsado por la administración de Delcy Rodríguez— responde a la severa contingencia energética que enfrenta el territorio venezolano. El propio Rodríguez reconoció previamente la magnitud de la crisis durante un acto público en el estado Yaracuy, donde atribuyó la agudización de las fallas al sismo registrado el pasado 24 de junio, evento que provocó la pérdida de aproximadamente 800 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional.
Actualmente, las regiones del interior del país experimentan esquemas de racionamiento con interrupciones del suministro que oscilan entre 6 y 12 horas continuas.
Con la remisión del texto legal al Ejecutivo para su promulgación, las autoridades prevén acelerar el ingreso de proveedores privados a polos industriales clave, así como la ejecución de proyectos de infraestructura prioritaria, entre los que figura la construcción de una segunda línea de interconexión eléctrica entre Cabudare y Yaritagua.
Fuente: Alertas 24
