Frente a la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico en Venezuela, el dirigente político y exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, calificó la normativa como un avance necesario, aunque advirtió que el texto carece de las «garantías indispensables para una solución estructural y definitiva» frente a la severa crisis energética que afecta al país y, de manera crítica, al estado Zulia.
El dirigente opositor expresó su reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos por su respaldo decisivo en el proceso, afirmando que sin dicho impulso «el instrumento normativo ni siquiera se hubiese discutido ni aprobado en el país». No obstante, matizó el alcance del anuncio al señalar la distancia entre la aprobación formal y el alivio cotidiano de la población.
«Esta ley no acaba a corto plazo con el racionamiento de más de seis horas diarias que llevamos más de una década padeciendo. Tampoco borra los 27 años de desinversión, ineficiencia y corrupción de quienes hoy pretenden presentar fórmulas mágicas, como si acabaran de llegar al poder. Aun así, reconocemos que es un primer paso indispensable en la reconstrucción del sistema», aseveró Ramírez Colina.
Críticas a la inseguridad jurídica y al esquema tarifario
Aunque valoró de forma positiva la apertura a la inversión privada como eje central para garantizar el mantenimiento técnico, la atención operativa y esquemas de tarifas acordes a la realidad socioeconómica del país, Ramírez Colina advirtió sobre vacíos estructurales que podrían ahuyentar a los capitales internacionales.
Entre sus principales objeciones, destacó la falta de autonomía institucional y la indefinición en los mecanismos financieros:
- Control político persistente: Señaló que la nueva Superintendencia de Servicio Eléctrico se mantiene subordinada al Ministerio de Energía Eléctrica, lo que perpetúa la injerencia estatal y la discrecionalidad oficial.
- Incertidumbre legal: Denunció la ausencia de un sistema de arbitraje obligatorio, factor que debilita el marco de protección jurídica para los inversionistas.
- Mecanismos de repago: Cuestionó que la normativa no aclare cómo se remunerará la inversión privada de gran escala sin trasladar el costo operativo directamente a los usuarios finales.
Propuesta regional: Autosuficiencia y Fondo Especial
Ante el panorama descrito, el exalcalde ratificó la necesidad de descentralizar la gestión energética en la región zuliana y retornar a esquemas de administración privada, tomando como referencia el modelo histórico de Enelven.
Para concretar esta transición, Ramírez Colina planteó dos requerimientos fundamentales:
- Creación de un Fondo Especial de Inversión para el Zulia: Propuso que dicho fondo cuente con la supervisión técnica del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE).
- Conformación de una comisión técnica: Integrada por ingenieros y especialistas zulianos encargados de diseñar la hoja de ruta para la recuperación del servicio.
En sus declaraciones finales, Ramírez Colina criticó la gestión del Ejecutivo central ante las fallas continuas en la entidad: «El racionamiento implacable de seis horas certifica el colapso del modelo centralista. Tras un año asegurándole al país que las termoeléctricas eran la solución, ahora cambian el discurso para improvisar con barcazas. Ese vaivén técnico solo demuestra la negligencia e incompetencia con la que se ha administrado el derecho elemental de los zulianos a contar con energía eléctrica».
