La vía hacia una restitución inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos volvió a cerrarse este jueves, luego de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito acogiera la petición de la Casa Blanca para mantener congelada la medida.
La resolución, emitida la noche del miércoles 18 de noviembre —apenas horas después de que el Ejecutivo acudiera de urgencia a la Corte Suprema—, extiende la pausa judicial hasta siete días después de que el tribunal dicte un fallo de fondo.
Con ello, las autoridades migratorias conservan luz verde para ejecutar detenciones y deportaciones contra antiguos amparados por el programa, según reportó Associated Press (AP).
«No es un fallo definitivo sobre la legalidad de la cancelación, pero sí un respiro operativo inmediato para el Ejecutivo mientras se resuelve el litigio.»El pulso judicial detrás de la pausaEl movimiento del Noveno Circuito responde a una carrera contrarreloj procesal.
Ante la inminente caducidad de una suspensión previa —que habría devuelto la vigencia a la orden de un juez de California que consideró ilegal el fin del TPS venezolano—, el Gobierno del presidente Donald Trump tocó nuevamente las puertas del máximo tribunal.
La Corte Suprema ya había destrabado en dos ocasiones anteriores el avance de la administración para desmontar estas protecciones mediante órdenes de emergencia, antes de devolver el expediente a la instancia de apelaciones tras pronunciarse sobre un litigio similar vinculado a ciudadanos haitianos.
Para la Casa Blanca, el TPS es por definición transitorio y, bajo su criterio, las condiciones en Venezuela ya no justifican prorrogarlo.Cifras de un giro migratorioCreado por el Congreso en 1990 para resguardar de la expulsión a personas de naciones golpeadas por crisis humanitarias, conflictos o desastres, el TPS permite residir y trabajar legalmente en periodos de hasta 18 meses.
En el caso venezolano, el amparo arrancó en marzo de 2021 bajo la gestión de Joe Biden y se amplió en septiembre de 2023, alcanzando a unos 600.000 beneficiarios.
La revocación impulsada por Trump el año pasado no solo dejó sin efecto la protección contra el retorno, sino que anuló los permisos laborales asociados, empujando a miles a procesos de deportación o a salidas voluntarias.
El caso venezolano se inserta en una redefinición amplia de la política migratoria del segundo mandato de Trump: mientras el Departamento de Seguridad Nacional ha dado por terminadas las protecciones para más de un millón de personas en trece países, ha optado por sostener el beneficio en otros escenarios específicos.
Por ahora, la batalla legal sigue abierta en el Noveno Circuito. Hasta que llegue una sentencia definitiva, el alivio migratorio para los venezolanos permanece en pausa y la incertidumbre continúa marcando el calendario de quienes esperan que la justicia incline la balanza.
Fuente: El Cooperante

