La Asamblea Nacional de Venezuela dio inicio formal este lunes a la instalación de la Comisión Especial encargada de procesar la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Durante este primer encuentro legislativo, el presidente de la instancia parlamentaria y primer vicepresidente del Legislativo, diputado Pedro Infante, anunció que una de las primeras propuestas de consenso es modificar el nombre del instrumento legal para reorientar su enfoque hacia la formación, la educación y la prevención de la violencia en el ámbito político.
Hacia un nuevo enfoque preventivo y educativo
El diputado Pedro Infante explicó que los integrantes de la comisión coinciden en la necesidad de que la ley adopte una denominación más propositiva y positiva, sugiriendo que pase a centrarse explícitamente en la convivencia pacífica y la tolerancia. De acuerdo con el parlamentario, el objetivo central de esta reforma es reconstruir la confianza en las instituciones del Estado y dinamizar la vida democrática del país, promoviendo un espacio de reencuentro y reconocimiento mutuo entre los distintos sectores de la sociedad venezolana.
Revisión de artículos clave y despenalización
Uno de los aspectos más trascendentales de la agenda de trabajo de la comisión especial será la revisión técnica y la modificación de artículos críticos, específicamente los artículos 20, 21 y 22 de la normativa vigente aprobada en 2017. El equipo parlamentario se enfocará en avanzar hacia la despenalización de ciertas conductas y en precisar definiciones legales de manera taxativa para evitar interpretaciones ambiguas. Infante reconoció que el instrumento legal llegó a aplicarse de forma inadecuada en casos específicos y puntuales, por lo que la reforma busca corregir estas distorsiones y garantizar una correcta aplicación del texto jurídico.
Ruta jurídica y consulta con diversos sectores
La comisión especial ha establecido una metodología de trabajo que contempla, en primer lugar, la redacción del proyecto de reforma parcial. Una vez elaborado, el texto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su validación previa antes de ser sometido a la primera discusión en el pleno de la Asamblea Nacional. Posteriormente, se abrirá un amplio proceso de consulta pública nacional que incluirá debates con universidades, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, el sistema de justicia y víctimas de la aplicación de la normativa, con el fin de consolidar un instrumento que tribute a la paz y la estabilidad nacional.
