Más de 155,9 millones de electores están llamados a votar en Brasil para elegir en 5.569 municipios a sus alcaldes y concejales postulados por 29 partidos para los próximos cuatro años. Sólo 103 municipios podrán pasar a la segunda vuelta, el 27 de octubre, como exige la ley brasileña, por tener más de 200.000 habitantes.
Los comicios abrieron pasadas las 8, hora local.
La seguridad se reforzó en todo el país, especialmente en el estado de Rio de Janeiro, debido a la amenaza de influencia del crimen organizado en la votación. En 32 ciudades del estado de Rio se desplegó incluso el ejército. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, también ha prohibido a la Policía Federal de Carreteras (PRF) cualquier control en las rutas para evitar que se restrinja la circulación de los votantes. La portación de armas también está prohibida durante 48 horas para que los que voten -dijo el ministro- “estén libres de cualquier restricción”. Nueve estados, la mayoría del nordeste del país y de la región amazónica, entre ellos Acre y Pará, también han prohibido la venta de bebidas alcohólicas durante la apertura de los colegios electorales. El objetivo es evitar escenarios polarizados y violentos como los que vivió el país poco después de las elecciones presidenciales del 2022, cuando el 8 de enero de 2023 los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados por partidarios radicales de Bolsonaro.
Además, en los últimos días se registraron varios incidentes de intercambio de votos. El actual alcalde de Altaneira, en el estado nororiental de Ceará, Dariomar Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, el PT del presidente Lula, ha denunciado públicamente que algunos candidatos están ofreciendo 10 gramos de cocaína a cada votante a cambio de su voto. “Esto es un desastre para la sociedad”, dijo. La semana pasada, en sólo cinco días, la Policía Federal (PF) se incautó en Ceará de un total de 1,6 millones de reales en efectivo (292.088 dólares), sospechosos de ser utilizados para comprar votos. En João Pessoa, en el estado nororiental de Paraíba, Lauremília Lucena, esposa del actual alcalde y también candidato, Cícero Lucena, del Partido de los Progresistas (PP), fue detenida, según el sitio de noticias G1, acusada de participar en un plan con una facción criminal para influir en las elecciones.
En cuanto a la financiación electoral, un análisis del sitio de noticias Metrópoles reveló que más de mil beneficiarios del subsidio para los más vulnerables, el Bolsa Familia, donaron un total de 652.000 reales (119.026 dólares) a los candidatos, mientras que en el estado de San Pablo 35.000 candidatos declararon no haber recibido dinero para la campaña. Alrededor de 51 millones de reales (9,31 millones de dólares) fueron donados por un centenar de empresarios brasileños, en su mayoría del sector energético. Los principales beneficiados fueron el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSD) con 14,2 millones de reales (2,59 millones de dólares) y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) con 7,5 millones de reales (1,37 millones de dólares), seguidos por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula con 6 millones de reales (1,1 millones de dólares) y el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro con 2,6 millones de reales (474.643 dólares). Tanto el PT como el PL también recibieron el mayor volumen de fondos públicos, 886,8 millones de reales (161,9 millones de dólares) para el PL y 619,8 millones de reales (113,15 millones de dólares) para el PT.
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