La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica para elevar a 32 el total de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Esta modificación legal establece que la Sala Constitucional contará ahora con siete integrantes, mientras las demás salas del máximo juzgado estarán conformadas por cinco miembros.
Anteriormente, la Sala Constitucional funcionaba con cinco directivos y las restantes con tres, según el esquema jurídico que regía las operaciones de la corte venezolana.
Por consiguiente, los diputados acordaron que el Parlamento inicie pronto el proceso de designación de los nuevos magistrados principales y suplentes para las vacantes actuales.
La bancada opositora respaldó la medida parlamentaria, aunque señaló la importancia de mejorar integralmente la carrera judicial, los fiscales, defensores públicos y todos los alguaciles.
Impacto de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia
Asimismo, la normativa aprobada modifica el artículo 80 para que órganos auxiliares como la Escuela Nacional de la Magistratura dependan directamente de la Sala Plena nacional.
La reforma del Tribunal Supremo de Justicia busca reorganizar la estructura interna del Poder Judicial para agilizar los procesos legales y reducir el retardo procesal.
De igual forma, la plenaria estableció que ante faltas absolutas en las inspectorías generales, la Asamblea Nacional procederá a designar nuevos miembros.
Por lo tanto, la máxima instancia judicial deberá proceder a la reorganización de su estructura administrativa conforme a lo previsto en esta nueva reforma.
Esta decisión surge en un contexto de consultas nacionales lideradas por el Ejecutivo para superar fallas persistentes en el sistema de justicia penal del país.
Además, el debate incluyó menciones sobre la necesidad de una transformación profunda que garantice la transparencia y la ética en todos los niveles del sistema judicial.
Finalmente, el Parlamento avanzará en la selección de los juristas en el Tribunal Supremo de Justicia que ocuparán los nuevos cargos creados tras esta actualización del marco legal.
La plenaria ratificó que estas acciones fortalecen la institucionalidad democrática y aseguran el cumplimiento de las atribuciones de control y fiscalización del órgano legislativo nacional.
Los especialistas seguirán de cerca la implementación de estos cambios para evaluar su efectividad real en la administración de justicia para todos los ciudadanos venezolanos.
