La Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) de Corea del Sur ejecutó la orden de detención contra el destituido presidente Yoon Suk-yeol, apartado del poder por imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informó la agencia de noticias Yonhap.
A finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.
El 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC).
La solicitud fue presentada tras el fallido intento de arresto el 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia del expresidente para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.
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Luchar hasta el final
Además, el 2 de enero miles de personas se congregaron frente a la residencia de Yoon para impedir su arresto. Ese mismo día, Yoon proclamó su intención de «luchar hasta el final» ante la inminente detención.
El 5 del mismo mes, la agencia Yonhap supo por el jefe del equipo encargado de investigar el presunto golpe de Estado, Choo Mi-ae, que el director del Servicio de Seguridad Presidencial surcoreano, Park Chong-jun, habría ordenado disparar granadas aturdidoras y balas reales en ciertas condiciones, si no lograba resistir en una pelea física.
Choo denunció también que algunos ejecutivos de ese servicio «siguen ciegamente a Yoon Suk-yeol y a [el exministro de Defensa] Kim Yong-hyun».
La Brigada de Seguridad del Comando de Defensa de la Capital del Ejército, que está a cargo de proteger la residencia presidencial, advirtió que no obstaculizaría el acceso a la misma para ejecutar una orden de arresto contra Yoon.
- Anteriormente, el político ignoró varias citaciones para comparecer ante la Justicia y ser interrogado en relación con los cargos.
- Yoon todavía goza de inmunidad contra investigaciones, aunque eso no afecta a los cargos de insurrección o de traición. A su vez, la defensa del mandatario destituido argumenta que la OIC no tiene autoridad legal para investigar los cargos de insurrección.
- El político sigue apartado del cargo desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, debido a la breve imposición de la ley marcial.
- Desde el 14 de diciembre, la Corte Constitucional tiene 180 días para decidir si aprueba la destitución definitiva o reinstaura al político en sus funciones.
RT/RDN
