La justicia española imputó penalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta responsabilidad en el desvío del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra. El caso representa la primera vez en la historia democrática de esa nación que un exjefe del Ejecutivo es procesado.
La Audiencia Nacional de Madrid informó de manera oficial que el exmandatario socialista es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Las autoridades judiciales buscan determinar si existió legitimación de capitales con los fondos estatales otorgados.
El magistrado de la causa ordenó el allanamiento técnico de la oficina privada del político, así como el registro de otras tres sedes mercantiles. Los cuerpos de inteligencia recolectaron equipos de computación y documentos de valor probatorio para el caso.
Audiencia Nacional investiga nexos financieros de Rodríguez Zapatero
El exjefe de Estado (2004-2011) debe presentarse a declarar el próximo 2 de junio ante las acusaciones de organización criminal y falsedad documental. Los magistrados centran las pesquisas en los movimientos financieros de la consultora Análisis Relevante S.L.
La fiscalía anticorrupción descubrió que la mencionada empresa privada facturaba altas sumas de dinero a la aerolínea y luego realizaba transferencias a Rodríguez Zapatero. Las averiguaciones sobre este entramado corporativo iniciaron formalmente tras recibir alertas financieras desde los gobiernos de Suiza y Francia.
La aerolínea Plus Ultra operaba principalmente rutas comerciales conectando a España con diferentes capitales de Latinoamérica. Varios de los principales accionistas de la firma comercial poseen vínculos estrechos con sectores económicos de origen venezolano.
Contratos millonarios bajo la lupa del sistema de justicia ibérico
Las transacciones generaron la sospecha de que el dinero público del rescate postpandemia pasó por empresas fachadas hasta llegar a manos de Rodríguez Zapatero. La acusación sostiene que el investigado pudo haber usado su peso político para que se aprobara el auxilio financiero.
El político reconoció haber facturado una alta suma de dinero a la firma de su allegado por la redacción de quince informes de consultoría geopolítica. No obstante, el exmandatario negó rotundamente haber trabajado para la aerolínea o haber gestionado el polémico subsidio estatal.
A pesar de sus declaraciones de inocencia, la versión del investigado podría contradecirse ante el hallazgo de un documento contractual físico de carácter exclusivo. El texto legal establecía que Rodríguez Zapatero cobraría una comisión del uno por ciento si la ayuda monetaria era aprobada.
