El médico canadiense James MacLean generó una fuerte polémica en su país luego de aplicarle la eutanasia a un paciente de 45 años. La controversia aumentó debido a que la evaluación previa se realizó de forma informal en las afueras de una famosa cafetería.
Tras el breve encuentro en la vía pública, el especialista determinó que el solicitante cumplía con los requisitos legales para recibir el procedimiento. El paciente padecía la enfermedad de Crohn y un cuadro de depresión, factores que el profesional consideró suficientes para aprobar la solicitud de muerte asistida.
La investigación oficial reveló que el médico mantuvo comunicación constante con el ciudadano afectado a través de numerosos mensajes de texto. Posteriormente, el profesional trasladó al hombre en su vehículo particular hacia una zona industrial donde opera un depósito de cadáveres.
Comisiones médicas denuncian fallas graves en la aplicación de la eutanasia
Las autoridades ventilaron otro caso donde el especialista cometió un error al omitir uno de los tres medicamentos obligatorios del protocolo. El fármaco faltante era el encargado de paralizar el sistema respiratorio del paciente. Debido a esta grave omisión, el ciudadano volvió a respirar minutos después.
El fallo técnico ocurrió después de que el doctor firmara el acta de defunción y abandonara de forma definitiva el recinto de la eutanasia. Diversos sectores de la sociedad civil denunciaron una alarmante falta de rendición de cuentas dentro del programa oficial de asistencia médica.
Los especialistas expresaron su profunda preocupación por la debilidad de los mecanismos regulatorios frente a conductas que vulneran la ética. Los denunciantes exigen reformas a las leyes vigentes para evitar que se repitan estas prácticas informales.
A pesar de la magnitud de las denuncias, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario optó por no retirarle la licencia para la eutanasia. El organismo gremial solo aplicó una amonestación al doctor y ordenó una estricta tutoría clínica obligatoria por un periodo de seis meses.
Durante este tiempo de sanción, un experto independiente revisará de manera detallada todos los expedientes de muertes asistidas tramitados por el profesional. El sancionado deberá cursar estudios obligatorios sobre los límites profesionales y el correcto manejo del consentimiento informado de los pacientes.
El caso reactivó el debate internacional sobre los alcances, las condiciones y los verdaderos límites éticos en la aplicación de la eutanasia.
