La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado Zulia fue aprobada por unanimidad este viernes 21 de agosto por los legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez). El nuevo instrumento busca reorganizar la actividad científica y tecnológica en la región.
El secretario de Educación Universitaria de la Gobernación y presidente del Consejo de Ciencia del Zulia, Enrique Parra, explicó que la normativa permitirá fortalecer la articulación entre instituciones, investigadores y organismos vinculados con el sector científico.
Parra señaló que la ley busca «reinstitucionalizar, reorganizar e interrelacionar el oficio científico en el estado Zulia». Indicó que el marco legal forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Luis Caldera para potenciar el liderazgo histórico de la entidad.
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsará la actividad científica
El jefe del Centro de Biomedicina Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Isaías Alvarado, celebró la aprobación unánime del instrumento. Consideró que la normativa será una herramienta para implementar proyectos científicos y tecnológicos orientados a mejorar distintos ámbitos de la sociedad zuliana.
Alvarado también destacó la importancia de recuperar el legado de científicos zulianos como Humberto Fernández Morán. A su juicio, el nuevo marco legal contribuirá a fortalecer la independencia tecnológica y el bienestar social.
La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación será remitida ahora al despacho del gobernador Luis Caldera para su promulgación. Una vez cumplido este proceso, entrará en vigencia como instrumento para orientar las políticas regionales relacionadas con investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
El texto legal se fundamenta en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y mantiene concordancia con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).
La normativa establece mecanismos para la certificación de proyectos. Asimismo, la protección de la propiedad intelectual estadal y la gestión de recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico.
