En Guayaquil, el crimen organizado agua potable se ha convertido en una realidad alarmante. Bandas controlan barrios enteros y comercializan el recurso como si fuera mercancía.
Mientras el Estado permanece ausente, miles de ciudadanos viven atrapados entre la necesidad y el miedo. La red de distribución ha sido tomada por grupos delictivos.
Según Interagua, el 47 % del agua producida no se factura. Una cuarta parte corresponde a robos y conexiones ilegales en zonas dominadas por mafias.
Sectores como Ciudad de Dios, Nueva Prosperina y Bastión Popular están bajo control criminal. En ellos, el acceso al agua depende de pagos clandestinos.
La Trinitaria y el Guasmo también enfrentan esta dinámica. Mangueras improvisadas y amenazas impiden que el personal técnico repare fugas o corte conexiones ilegales.
“Hay barrios donde no podemos entrar sin escolta policial”, afirmó Ilfn Florsheim, vocera de Interagua. La violencia ha cobrado vidas durante operativos.
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El crimen organizado agua potable se extiende por toda la ciudad. Un mapa de calor revela que el fenómeno no se limita a sectores marginales.
Vecinos denuncian que deben pagar a intermediarios criminales para recibir agua. La sensación de abandono se ha normalizado en múltiples comunidades.
La paradoja es evidente: mientras se anuncian planes de seguridad, las bandas se apropian de servicios básicos sin resistencia institucional.
Este caso demuestra que la violencia no solo se mide en homicidios. También se refleja en el control de derechos humanos esenciales como el acceso al agua.
AGENCIAS/RDN
