La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó la postura histórica y constitucional del país sobre el Esequibo. Durante su intervención, destacó que la nación posee títulos legítimos respaldados por más de 3.000 folios que documentan la soberanía.
La mandataria señaló que Venezuela no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver este diferendo. Asimismo, subrayó que el país no somete sus asuntos vitales a mecanismos judiciales externos, desconociendo la jurisdicción de dicho tribunal internacional.
Se ratificó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido para dirimir el conflicto. El gobierno nacional mantiene su compromiso con la legalidad y la protección de los intereses sagrados de la patria venezolana.
Postura oficial de Delcy Rodríguez
La representante advirtió que el Estado mantendrá su postura de no reconocimiento ante cualquier fallo que emane de la Corte. También indicó que independientemente del sentido de la sentencia, Venezuela no aceptará decisiones que vulneren su integridad territorial o soberanía.
Cualquier resolución que intente validar el arbitraje de 1899 será rechazada de manera contundente por todas las instituciones públicas. El único mecanismo vinculante es el resultado de las negociaciones bajo el esquema del pacto de Ginebra, indicó Delcy Rodríguez.
La estrategia diplomática busca preservar los derechos históricos mediante el diálogo constructivo y la diplomacia de paz.
Llamado al diálogo bilateral
Finalmente, la presidenta encargada manifestó que el país se encuentra preparado para iniciar un proceso de negociación directa. El objetivo es alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes involucradas en la controversia territorial persistente.
“Venezuela está lista para un proceso de negociación con la República Cooperativa de Guyana”, concluyó la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Se espera que este llamado facilite un encuentro oficial entre los delegados de ambas naciones.
La nación reitera su voluntad de resolver las diferencias pacíficamente, respetando siempre la legalidad del Acuerdo de Ginebra.
