Un juez federal argumentó este miércoles que existe una causa probable para declarar al Gobierno de Donald Trump en desacato por ignorar una orden judicial que solicitaba el regreso a Estados Unidos de aviones cargados con inmigrantes, en su mayoría venezolanos, desde El Salvador. El magistrado James Boasberg ordenó al Gobierno a actuar con celeridad para evitar consecuencias más graves para su Administración.
La orden del juez
Boasberg solicitó al Gobierno de Washington que intente remediar la violación de esta orden.
En su defecto pidió proporcione datos de los funcionarios implicados en la decisión de enviar a unos 200 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Con esta decisión, el juez federal da inicio al proceso para declarar al Gobierno de Estados Unidos en desacato por ignorar una orden judicial. La Casa Blanca ha anunciado ya que recurrirá.
Para el juez mantiene Trump ignoró de «forma deliberada» su decisión de prohibir la deportación de inmigrantes acogiéndose a la Ley de Enemigos Extranjero.
Esta legislación de 1798 permite al presidente deportar inmigrantes sin una audiencia judicial previa y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía.
Trump la firmó un viernes y comenzó con las deportaciones al día siguiente.
Sin embargo, la orden del juez del pasado 15 de marzo claramente exigía que esos aviones regresaran de inmediato a EEUU.
Esa misma noche, las naves aterrizaron en El Salvador, cargadas con inmigrantes que, de acuerdo al Gobierno, pertenecen al grupo Tren de Aragua, una organización declarada terrorista por Trump y que Bukele tiene encerrados en su ya célebre prisión.
En su memorándum, el magistrado de Washington asegura que «el tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, dio a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria». Argumenta, además, que las decisiones judiciales deben acatarse «sin importar lo enormes que puedan ser».
En el caso también medió la Corte Suprema, disolviendo la orden de Boasberg en un fallo por poco margen, al determinar que las impugnaciones debieron haberse interpuesto como recursos de habeas corpus. Sin embargo, es un fallo que no invalida retroactivamente la orden inicial, de acuerdo a la conclusión de Boasberg.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que le instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió. Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas contra el Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EEUU y a El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».
La Administración de Trump defendió las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con el Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
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Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
El Universal con información de El Mundo/RDN
