Eilyn Torres, representante del Colegio Nacional de Periodistas en Aragua, denunció recientemente que el ejercicio ilegal del periodismo amenaza la calidad informativa en toda Venezuela.
Dicha práctica proliferó tras los sismos del pasado veinticuatro de junio, cuando individuos sin formación académica ni credenciales legales difundieron noticias mediante sus redes sociales.
La dirigente gremial señaló que muchos ciudadanos confunden el acceso a plataformas digitales con la labor profesional, omitiendo los estándares éticos que rigen nuestra comunicación.
Impactos del ejercicio ilegal del periodismo en la sociedad
Además, el gremio impulsa investigaciones jurídicas para determinar responsabilidades penales contra quienes usurpan funciones reservadas estrictamente a los licenciados universitarios.
Para identificar casos de ejercicio ilegal del periodismo, las autoridades deben verificar minuciosamente si el señalado posee el título académico oficial para desempeñar dicha tarea.
Esta problemática afecta los estados centrales, por lo cual el gremio exhorta a respetar la profesión ante la creciente expansión del ejercicio ilegal del periodismo.
Las autoridades consideran que la usurpación de funciones informativas genera una desinformación peligrosa, pues estos actores carecen del entrenamiento técnico necesario para verificar hechos complejos diariamente.
Por otra parte, los especialistas en comunicación exigen reformas legales más rigurosas que sancionen adecuadamente a quienes practican actividades comunicacionales sin cumplir los requisitos de ley.
Asimismo, la ciudadanía debe ser consciente sobre la importancia de consumir noticias provenientes exclusivamente de fuentes oficiales, certificadas por profesionales formados en instituciones académicas superiores.
La constante vigilancia gremial busca fortalecer la credibilidad institucional en tiempos donde el intrusismo mediático distorsiona la realidad nacional mediante contenidos carentes de cualquier sustento.
Finalmente, resulta fundamental diferenciar entre comunicadores formados y usuarios de plataformas digitales para garantizar que la ciudadanía acceda siempre a reportes con rigor y absoluta transparencia.
La constante defensa de la ética profesional asegura el derecho ciudadano a recibir información verificada con absoluta responsabilidad y transparencia informativa.
