La dificultad del país sudamericano para elegir una nueva carta magna refleja los desafíos de la democracia.
El domingo, los chilenos rechazaron una nueva constitución que habría virado al país a la derecha, probablemente la culminación de un proceso turbulento de cuatro años para remplazar su carta magna con escasos resultados.
Casi del 56 por ciento votó a favor de rechazar la propuesta constitucional, con todos los votos escrutados.
Es la segunda vez en 16 meses que Chile, un país sudamericano con 19 millones de habitantes, rechaza un proyecto de constitución, el otro fue redactado por la izquierda, lo que demuestra lo profundamente dividida que sigue la nación sobre el conjunto de normas y principios que deben regir el país, incluso después de cuatro años de debate.
Ese debate comenzó en 2019 después de que una serie de protestas masivas derivaran en un plebiscito nacional en el que cuatro de cada cinco chilenos votaron a favor de desechar la Constitución, una versión muy modificada del texto de 1980 adoptado por la sangrienta dictadura militar del general Augusto Pinochet.
Pero ahora, tras no llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto, el país continuará con la Constitución, que tanta gente había votado para sustituir.
“Quiero ser claro: durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional”, dijo el presidente Gabriel Boric, político de izquierda que no participó en el proceso, en un mensaje el domingo en la noche. “El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos”.
Esto convierte al resultado del domingo en un desenlace amargo para un proceso que en su momento fue aclamado como un modelo de participación democrática, pero que, en cambio, se ha convertido en un claro ejemplo de lo difícil que es en realidad la democracia, especialmente en la era de internet.
“Esto podría haber sido una posibilidad para que la gente volviera a creer en la política, en los políticos. Y eso no ha ocurrido”, dijo Michelle Bachelet, expresidenta de izquierda de Chile, en una entrevista previa a la votación. “Nadie intentará hacer una tercera versión de este proceso”.
En dos ocasiones, los chilenos eligieron en su mayoría a personas ajenas a la política —médicos, ingenieros, abogados, agricultores, trabajadores sociales y otros— para formar parte de convenciones encargadas de redactar el texto para las propuestas constitucionales. Pero esos órganos acabaron escribiendo constituciones largas y complicadas, cada una en el molde partidista del bando político que controlaba la convención.
El año pasado, la Convención Constituyente, con tendencia de izquierda, propuso una constitución que habría ampliado el derecho al aborto, otorgado más soberanía a los pueblos indígenas y consagrado un número histórico de derechos, entre ellos a la vivienda, el acceso a internet, al aire limpio y la atención “desde el nacimiento hasta la muerte”. Después de que el 62 por ciento de los votos rechazaran ese texto, los electores eligieron a los conservadores para dirigir una nueva Convención Constituyente. Ese grupo creó una propuesta que habría otorgado al sector privado un papel destacado en ámbitos como la salud, la educación y la seguridad social.
Cada propuesta suscitó una feroz oposición, y los votantes se vieron abrumados por una información compleja y a menudo contradictoria sobre cómo los textos cambiarían el país. La desinformación llegaba de ambos lados.
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