La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en segunda discusión y por unanimidad, la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, abriendo formalmente el camino hacia la salida venezolana.
Durante la sesión transmitida por VTV, Jorge Rodríguez afirmó que la decisión busca denunciar “la inutilidad y el vasallaje” de la Corte Penal Internacional, señalando su dependencia del imperialismo norteamericano.
El texto aprobado será remitido al presidente Nicolás Maduro para su consideración y eventual promulgación. La legislación entrará en vigencia una vez publicada oficialmente en la Gaceta Oficial.
El pasado 2 de diciembre, la Asamblea cuestionó a la Fiscalía de la CPI por incumplir compromisos de cooperación y mantener sin personal operativo la oficina del organismo en Caracas.
Los diputados expresaron su repudio a las declaraciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien anunció la clausura de la sede alegando falta de progreso real en complementariedad.
El silencio de la CPI sobre Venezuela
La Asamblea calificó la decisión como una instrumentalización política del sistema internacional, acusando a la CPI de ejercer colonialismo jurídico contra Venezuela y de incumplir memorándums de entendimiento firmados.
Además de la aprobación de la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, señalaron que la CPI guardó silencio durante más de cinco años sobre el caso Venezuela II, relacionado con crímenes de lesa humanidad vinculados al bloqueo económico.
La diputada Ilenia Medina cuestionó el cierre de la oficina en un contexto de amenaza imperial, refiriéndose a la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe cercano.
Rodríguez sostuvo que permanecer en la CPI significaría revictimizar a Venezuela, criticando que el tribunal no haya respondido sobre medidas coercitivas que provocaron miles de muertes en 2017.
Recordó que el Gobierno firmó cartas de buena intención y que la Asamblea aprobó leyes recomendadas por el organismo, pero la respuesta de la corte fue archivar.
El presidente del Parlamento aseguró que la CPI está a merced de Estados Unidos, país que nunca ratificó el Estatuto de Roma, cuestionando su legitimidad internacional y credibilidad.
Debate parlamentario sobre la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma
Rodríguez también criticó el silencio del tribunal frente a ataques estadounidenses en el Caribe, calificando a sus representantes como esclavos tarifados y arrastrados de intereses extranjeros.
La Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas por falta de avances, aunque aclaró que las investigaciones sobre Venezuela continuarán desde La Haya.
La CPI abrió el caso en 2018 tras una remisión internacional. El Gobierno intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, pero en 2023 el tribunal autorizó reanudar las pesquisas.
