Carmen Teresa Navas denunció que la muerte de su hijo ocurrió bajo custodia estatal, desmintiendo las versiones oficiales sobre el tiempo transcurrido desde el trágico suceso.
Actualmente, la familia enfrenta un proceso doloroso tras descubrir que el comerciante murió meses antes de que las autoridades notificaran formalmente el lamentable deceso ocurrido.
Incertidumbre sobre la muerte en custodia estatal de Víctor Quero
Asimismo, Navas relató que buscó incansablemente a su hijo durante dieciséis meses, recibiendo información contradictoria de diversos organismos de seguridad y justicia penal del país.
Por consiguiente, la madre cuestiona la fecha exacta del fallecimiento, asegurando que el estado físico del cuerpo no corresponde al tiempo de entierro que informaron.
No obstante, la muerte en custodia estatal de Víctor Quero se mantuvo oculta mediante silencios administrativos, mientras la Defensoría aseguraba falsamente que el detenido continuaba con vida.
En consecuencia, el hallazgo del cuerpo en el penal de El Rodeo I revela graves fallas en los protocolos de notificación y transparencia de las càrceles.
Mientras tanto, la muerte en custodia estatal genera una profunda indignación social porque funcionarios encapuchados arrestaron arbitrariamente al ciudadano sin presentar una orden judicial previa.
Efectivamente, Carmen Navas exige una investigación exhaustiva que aclare por qué fue enterrado sin el conocimiento de sus parientes, violando derechos fundamentales de información familiar.
Según declaraciones de la progenitora, resulta vital conocer la verdad sobre las circunstancias del fallecimiento para obtener justicia frente a la opacidad de los organismos.
Finalmente, el caso de la muerte en custodia de Quero Navas resalta la vulnerabilidad de los detenidos bajo regímenes de reclusión sin supervisión judicial clara.
La madre también abogó por otros jóvenes detenidos, pidiendo clemencia y mejores condiciones para quienes permanecen recluidos en sótanos o cárceles de máxima seguridad nacional.
Esencialmente, este testimonio busca evitar que se repita una muerte en custodia estatal similar, instando a las instituciones a actuar con piedad y rigor ético.
