La operación policial en Río de Janeiro dejó una estela de horror, con 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, según cifras oficiales confirmadas este miércoles.
Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, denunció que su hijo fue decapitado y colgado como trofeo en un árbol, tras el operativo en la favela Penha.
“Degollaron a mi hijo”, dijo entre lágrimas, mientras esperaba en la morgue junto a familiares para reconocer los restos del joven de apenas 19 años.
El gobernador Cláudio Castro calificó la operación como “exitosa”, asegurando que los fallecidos eran criminales, aunque admitió que podrían existir errores “residuales».
La operación policial en Río de Janeiro desata denuncias por brutalidad y violaciones a derechos humanos
Durante el operativo, 2.500 policías enfrentaron a miembros del Comando Vermelho, quienes usaron drones con explosivos y levantaron barricadas en zonas densamente pobladas.
Periodistas presentes en el lugar documentaron escenas de extrema violencia, incluyendo cuerpos desfigurados y arrestos masivos de personas sin camisa ni calzado.
Ana Beatriz Adorno, de 24 años, buscaba desesperadamente a su esposo desaparecido, sin recibir información oficial ni acceso a registros forenses.
La ONU expresó su “horror” ante los hechos y exigió investigaciones rápidas para esclarecer posibles abusos cometidos durante la intervención policial.
ONG locales denunciaron que la operación policial en Río de Janeiro fue desproporcionada y que se trató de una masacre encubierta bajo el discurso de lucha contra el narcoterrorismo.
El padre de Iago, Alex Rosado, acusó directamente al BOPE de ejecutar a su hijo, afirmando que no tenía heridas de bala en el cuerpo.
Vecinos de Penha y Alemao pasaron la madrugada recogiendo cadáveres, mientras el olor a muerte impregnaba las calles del complejo de favelas.
La Defensoría Pública de Río confirmó que la cifra de muertos supera cualquier otra operación registrada en la historia reciente de Brasil.
La operación policial en Río de Janeiro exige una revisión profunda de los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos en zonas vulnerables.
No basta con declarar “éxito” cuando las familias lloran a sus muertos sin respuestas ni justicia, en medio de un silencio institucional alarmante.
La violencia no puede ser la única respuesta del Estado ante el crimen organizado, especialmente cuando afecta a inocentes y destruye comunidades enteras.
Es urgente que Brasil mire de frente esta tragedia y garantice que nunca más se repita una operación con tal nivel de brutalidad.
