Un nutrido grupo de defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, tanto venezolanas como internacionales, ha presentado una propuesta formal para establecer un calendario electoral con fechas claras en Venezuela, sugiriendo el mes de julio de 2027 como el momento propicio para la realización de comicios nacionales. La iniciativa surge en un contexto de intensas deliberaciones políticas y busca canalizar la voluntad de cambio democrático expresada por la ciudadanía dentro y fuera del territorio nacional.
Exigencia de legitimidad y rechazo a la interinidad
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones firmantes manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela en diversos espacios internacionales. Los activistas argumentan que su actual condición interina no deriva de un mandato otorgado por el voto popular ni puede prolongarse de manera indefinida al margen de lo establecido en la Constitución. En el documento se enfatiza de forma categórica que ninguna autoridad de transición posee la facultad de sustituir la soberanía popular, la cual solo puede ser expresada legítimamente a través de las urnas.
Condiciones y garantías para un proceso transparente
Para los promotores de esta propuesta, la definición de un cronograma electoral con fechas precisas debe convertirse en la prioridad absoluta de la mesa de acuerdos que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos. Las organizaciones consideran que julio de 2027 representa una meta viable, argumentando que un lapso de nueve meses es suficiente para construir las garantías y condiciones electorales prioritarias, siempre y cuando exista la voluntad política necesaria entre las partes involucradas. Entre las firmas que respaldan esta solicitud destacan AC Gurrufio, el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (Cisfem), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Ideas por la Democracia, el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), y Justicia, Encuentro y Perdón.
Demandas de reformas estructurales
Además del calendario de votación, el bloque de la sociedad civil extendió su preocupación por la demora en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los activistas señalaron que el proceso de reinstitucionalización del país exige de manera obligatoria un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de los derechos humanos. Aunque valoraron positivamente medidas recientes como el levantamiento del bloqueo a ciertos medios de comunicación independientes y la excarcelación de un grupo de presos políticos, advirtieron que tales acciones resultan insuficientes si no se acompañan de reformas estructurales profundas y de garantías reales de no repetición.
El rol de la comunidad internacional y los próximos pasos
La propuesta de las organizaciones coincide con los pronunciamientos del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien reafirmó el enfoque de Washington en lograr una transición democrática y avanzar en la recuperación económica de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que se mantiene un trabajo coordinado con representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 para sentar las bases que permitan celebrar elecciones libres y justas lo antes posible. Este escenario multilateral refuerza la presión para que la transición política se encauce mediante un proceso electoral con observación internacional y plenas garantías democráticas para todos los sectores.
