La organización de derechos humanos de Vente Venezuela exigió este martes la liberación inmediata del capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, así como de todas las personas que son consideradas presos políticos en el territorio venezolano. A través de un pronunciamiento oficial, la plataforma humanitaria de la agrupación opositora enfatizó que la disidencia de opinión y la confrontación ideológica no deben ser catalogadas como conductas delictivas bajo ningún marco institucional.
El llamado de Vente Venezuela y la defensa de los derechos civiles
Mediante un mensaje difundido en sus canales oficiales, DDHH Vente Venezuela sostuvo que el encarcelamiento de ciudadanos por motivos de conciencia o posturas políticas representa una vulneración directa a las garantías fundamentales. «Pensar diferente no es un crimen; encarcelar por ideas, sí», reza la declaración de la organización, la cual también transmitió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares de los detenidos, recordando el impacto social y emocional que genera la reclusión prolongada en los hogares de los afectados.
Antecedentes y situación jurídica de Juan Carlos Caguaripano
El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott permanece privado de libertad desde su detención el 11 de agosto de 2017, tras haber liderado la denominada «Operación David», la cual consistió en un asalto militar a la sede de la 41.ª Brigada Blindada en el Fuerte Paramacay, estado Carabobo. En diciembre de 2025, Caguaripano fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A pesar de que el pasado 26 de agosto de 2026 se celebró una audiencia oral para evaluar el recurso de apelación interpuesto por su defensa ante la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva. Organizaciones no gubernamentales y familiares del oficial han denunciado de manera reiterada que el caso se encuentra en un limbo legal y que el detenido ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en el centro penitenciario Rodeo I.
Repercusiones y demandas de la sociedad civil
La exigencia formulada por Vente Venezuela se suma a una serie de pronunciamientos de diversos sectores de la oposición y de plataformas defensoras de los derechos humanos que reclaman una revisión exhaustiva de las causas penales abiertas contra disidentes. Los activistas insisten en la necesidad de establecer mecanismos transparentes que garanticen el debido proceso y pongan fin a las detenciones motivadas por discrepancias políticas en el país, en un contexto donde la comunidad internacional mantiene su atención sobre la situación de los derechos civiles en Venezuela.
