En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en diez provincias. La medida responde a la radicalización de las protestas por el diésel iniciadas en septiembre.
La decisión fue tomada tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según el decreto, se busca frenar bloqueos y proteger la libre circulación nacional.
Las provincias afectadas son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En ellas se han reportado actos violentos y secuestros de agentes.
Durante las manifestaciones, se registraron más de 80 heridos y un fallecido. Además, organizaciones sociales denunciaron 196 vulneraciones de derechos humanos.
La Corte Constitucional había anulado un decreto anterior. Sin embargo, Noboa insistió en aplicar nuevas restricciones ante el avance de las protestas por el diésel.
El derecho a la libertad de reunión fue suspendido temporalmente. No se permitirán aglomeraciones que paralicen servicios públicos, aunque sí se autorizarán protestas pacíficas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron movilizadas. Su objetivo es garantizar el orden público y evitar mayores afectaciones a la población.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera las movilizaciones. Su presidente, Marlon Vargas, advirtió que podrían tomarse Quito si no se atienden sus demandas.
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El precio del diésel aumentó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Este ajuste ha sido considerado un golpe para sectores rurales y transportistas.
En años anteriores, medidas similares provocaron crisis sociales. Tanto en 2019 como en 2022, los gobiernos de Moreno y Lasso debieron revertir decisiones similares.
El decreto tendrá una vigencia de 60 días. Durante ese tiempo, se evaluará la evolución del conflicto y la efectividad de las acciones implementadas.
Diversos colectivos han exigido diálogo y respeto a los derechos constitucionales. La tensión social continúa creciendo en varias regiones del país por las protestas por el diésel.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. Se espera que se eviten nuevos episodios de violencia y represión.
