La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este martes la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley del TSJ para modernizar el sistema judicial.
Esta propuesta legislativa busca optimizar los procesos administrativos y la estructura jerárquica del máximo tribunal mediante un incremento significativo en su número total de integrantes.
Por ello, el Parlamento nacional discutió la integración de treinta y dos magistrados en sala plena, superando ampliamente la cifra de 20 autoridades.
Igualmente, el presidente del Hemiciclo, Jorge Rodríguez, presentó los detalles técnicos sobre cómo se distribuirán estas nuevas responsabilidades dentro de las diferentes salas del organismo.
Estructura y alcance de la Reforma de la Ley del TSJ
Además, el plan establece que cinco salas judiciales contarán con cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional se ampliará a siete autoridades permanentes.
El objetivo central de esta reforma de la Ley del TSJ es fortalecer la capacidad operativa para ofrecer respuestas rápidas ante los casos legales pendientes.
Sin embargo, Jorge Rodríguez enfatizó que estas modificaciones técnicas pretenden reducir drásticamente el retraso procesal que afecta directamente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
De este modo, la reforma de la Ley del TSJ facilitará la toma de decisiones mediante un consenso político necesario entre los diferentes sectores parlamentarios.
El diputado insistió en que la búsqueda de acuerdos legislativos debe prevalecer sobre las agendas particulares para garantizar una transformación en la conformación del tribunal.
Por lo tanto, esta propuesta quedó remitida inmediatamente a la Comisión Permanente de Política Interior para iniciar la revisión técnica detallada de cada artículo modificado hoy.
Asimismo, se espera que el informe final permita la sanción definitiva de la reforma de la Ley del TSJ durante las próximas sesiones ordinarias del Poder Legislativo.
Esta ampliación estructural representa un paso estratégico hacia la modernización del funcionamiento judicial venezolano, adaptándolo a las exigencias actuales de transparencia, celeridad y eficiencia pública.
Finalmente, cada fase de esta discusión parlamentaria será monitoreada para asegurar que el nuevo diseño del Tribunal Supremo cumpla con los estándares de justicia necesarios.
La reforma de la Ley del TSJ marca así una reestructuración profunda que impactará la gobernanza jurídica y la estabilidad institucional del país durante los próximos períodos.
