El Poder Legislativo nacional reportó formalmente la inscripción de quinientos sesenta y un ciudadanos que aspiran a los puestos de magistrados del Tribunal Supremo, y es que esta masiva participación ciudadana responde directamente a la convocatoria para la renovación del TSJ en Venezuela, impulsada mediante cambios recientes en la legislación judicial.
La actual reforma legal estipula que la máxima corte del país contará con treinta y dos jueces encargados de administrar los diferentes procesos legales nacionales.
Entre las figuras públicas que presentaron sus respectivas credenciales destaca la exvicefiscal general Katherine Haringhton, quien ejerció funciones previas en el Ministerio Público.
De igual manera, la lista oficial de la la renovación del TSJ en Venezuela incluye a la rectora electoral Aimé Nogal junto al exdirectivo institucional Luis Emilio Rondón González como candidatos evaluados.
Sin embargo, el Comité de Postulaciones Judiciales también recibió sesenta y tres solicitudes de personas interesadas en asumir la inspectoría general de los tribunales.
Esta instancia evaluadora legislativa registró paralelamente treinta y tres aspirantes específicos para coordinar la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Alcances de la renovación del TSJ en Venezuela
Además, los parlamentarios explicaron que sustituirán únicamente a ocho jueces por motivos de jubilaciones voluntarias o renuncias presentadas en sus despachos.
Por lo tanto, la Asamblea Nacional designará a doce magistrados nuevos que complementarán el trabajo de los doce funcionarios que permanecen activos actualmente.
La modificación aprobada determina que la Sala Constitucional funcionará con siete magistrados, mientras las dependencias restantes mantendrán cinco jueces en sus funciones.
Por consiguiente,la renovación del TSJ en Venezuela en las salas de materia Penal, Civil, Social, Electoral y Político Administrativa incrementarán su personal para optimizar el despacho de causas pendientes.
Las autoridades del Ejecutivo central inauguraron previamente una consulta nacional exhaustiva orientada a reformar de manera estructural la justicia penal del territorio.
Por otra parte, los diagnósticos oficiales detectaron que los principales problemas actuales corresponden al retardo en los procesos judiciales y la corrupción administrativa.
Los informes institucionales concluyeron que un alto porcentaje de la población carcelaria pertenece a los estratos económicos menos favorecidos de la sociedad.
