Un barco venezolano que el ejército estadounidense destruyó en el Caribe la semana pasada había alterado su rumbo y parecía haber dado la vuelta antes de que comenzara el ataque porque, al parecer, las personas que iban a bordo habían divisado un avión militar que lo acechaba, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado, añadieron que los militares atacaron repetidamente el barco antes de que se hundiera.
Las revelaciones añaden nuevos detalles a una operación que supuso una sorprendente desviación de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas, intensificando el uso del ejército por parte del presidente Donald Trump para asuntos de los que normalmente se encargan las fuerzas del orden. Especialistas jurídicos han cuestionado que fuera legal que el ejército, por orden del presidente Trump, atacara y matara a sospechosos de narcotráfico como si fueran combatientes en una guerra.
Trump anunció el ataque la semana pasada, diciendo que tuvo lugar en aguas internacionales y que había matado a 11 personas que, según dijo, transportaban drogas “con destino a Estados Unidos” y formaban parte de una banda venezolana, el Tren de Aragua. No ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones, pero ha dicho que “tenemos grabaciones de ellos hablando”.
Aunque la Casa Blanca no ha proporcionado una justificación jurídica detallada, ha presentado los esbozos de un novedoso argumento según el cual el uso de la fuerza militar letal estaba permitido en virtud de las leyes de los conflictos armados para defender al país de las drogas porque 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que las personas sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos representan “una amenaza inmediata”. Trump, en una carta al Congreso, justificó el ataque como una cuestión de defensa propia.
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Muchos especialistas jurídicos, entre ellos altos juristas militares retirados, han rechazado la idea de que Trump tenga autoridad legítima para tratar el presunto contrabando de drogas como legalmente equivalente a un ataque armado inminente contra Estados Unidos. Incluso si se aceptara esa premisa en aras del argumento, añadieron, si el barco ya se había dado la vuelta, eso socavaría aún más lo que consideraban una alegación de defensa propia ya de por sí débil.
“Si alguien se está retirando, ¿dónde está entonces la ‘amenaza inminente’?”, dijo el contralmirante Donald Guter, quien fue el principal juez abogado general de la Marina de 2000 a 2002. “¿Dónde está la ‘defensa propia’? Han desaparecido, si es que alguna vez existieron, que no creo que existieran”.
El contralmirante James McPherson, principal juez abogado general de la Marina de 2004 a 2006, quien posteriormente ocupó varios cargos civiles destacados en el primer gobierno de Trump, como el de abogado general del Ejército, se mostró de acuerdo.
“Me interesaría saber si podrían presentar alguna base legal para lo que hicieron”, dijo, y añadió: “Si, de hecho, se puede elaborar un argumento legal que diga que estas personas se estaban preparando para atacar a EE. UU. mediante el ingreso de cocaína o lo que sea, si se dieron la vuelta, entonces esa amenaza ha desaparecido”.
La Casa Blanca no abordó directamente las preguntas sobre las maniobras del barco o la naturaleza del ataque, sino que repitió la postura del gobierno. Trump “actuó de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país” de los “malvados narcoterroristas que intentan envenenar nuestra patria”, dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca.
Sean Parnell, el principal vocero del Pentágono, dijo: “Este ataque envió un mensaje claro: si traficas con drogas hacia nuestras costas, el ejército de Estados Unidos utilizará todas las herramientas a nuestro alcance para detenerte en seco”.
La Guardia Costera estadounidense, a veces con ayuda de la Marina, con frecuencia ha interceptado barcos sospechosos de contrabando de drogas en el mar Caribe, ha buscado cargamentos ilícitos y, si sus sospechas eran ciertas, ha detenido a las personas que iban a bordo para procesarlas.
Trump lleva mucho tiempo queriendo tomar medidas mucho más duras contra el narcotráfico, como decir que los narcotraficantes deberían ser condenados a muerte. En su primer mandato, elogió al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por hacer un “trabajo increíble con el problema de la droga” en la nación, donde el gobierno de Duterte había aprobado el asesinato sumario de presuntos narcotraficantes. Duterte se enfrenta ahora a cargos de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por su guerra contra las drogas.
Tras su toma de posesión, Trump ordenó a su gobierno que empezara a calificar de organizaciones terroristas a varias bandas y cárteles de la droga latinoamericanos, rompiendo con la tradición de limitar esa calificación a los grupos violentos motivados por ideologías y no por ganancias ilícitas. Legalmente, esta designación permite imponer sanciones, como la congelación de los activos de un grupo, pero no autoriza legalmente el uso de la fuerza militar.
En julio, Trump firmó una directiva aún secreta en la que daba instrucciones al Pentágono para utilizar la fuerza militar contra algunos de los grupos criminales que su equipo había designado como organizaciones terroristas. El ataque contra el barco la semana pasada parece señalar una fase inicial de las operaciones derivadas de esa directiva.
Al anunciar el ataque, Trump publicó en las redes sociales un video de 29 segundos en el que se editaban varios fragmentos de vigilancia aérea. En él se veía una embarcación rápida atravesando el agua, con varias personas a bordo, antes de una explosión.
Pero funcionarios informados sobre el ataque dijeron que el video no cuenta toda la historia. No muestra que el barco dio la vuelta después de que las personas a bordo aparentemente se asustaran por un avión que volaba sobre ellos, ni muestra a los militares atacando repetidamente la embarcación incluso después de deshabilitarla, dijeron los funcionarios.
Los ayudantes de Trump se han jactado de que la operación es solo el principio de una guerra contra presuntos narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas la semana pasada: “Destruimos un barco de narcotraficantes y hay 11 narcoterroristas en el fondo del océano, y cuando otras personas intenten hacer lo mismo, correrán la misma suerte”.
A la controversia legal se añade la incertidumbre sobre qué normas, si las hay, ha establecido el equipo de Trump en cuanto a la solidez de los datos de inteligencia sobre quién y qué hay en un barco para que el ejército estadounidense mate sumariamente a todos los que van a bordo. Trump bromeó la semana pasada diciendo que no solo los contrabandistas de drogas, sino también los pescadores, podrían pensárselo dos veces antes de lanzarse a la mar en la región.
“Creo que cualquiera que haya visto eso va a decir: ‘paso’”, dijo Trump. “Ni siquiera sé qué pasará con los pescadores. Puede que digan: ‘No voy a subir al barco. No voy a arriesgarme’”.
Una pregunta abierta es adónde se dirigía el barco. Rubio dijo inicialmente a los periodistas la semana pasada que probablemente se dirigía a Trinidad y Tobago o a algún otro país del Caribe, pero funcionarios del gobierno lo han caracterizado desde entonces como destinado a Estados Unidos.
Otra cuestión es qué transportaba. Algunos han expresado sus dudas de que una embarcación de su tamaño necesitara una tripulación de 11 miembros. El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien ha calificado de “despreciable e irreflexivo” glorificar el asesinato de personas acusadas de delitos sin juicio previo, ha argumentado que, si había drogas, era más probable que se tratara de cocaína que de fentanilo, la droga más responsable de las sobredosis.
El martes, el senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, declaró a la CNN que el gobierno no había aportado ninguna prueba de que el barco estuviera llevando drogas a Estados Unidos.
“Si hay una embarcación civil sospechosa de algo, especialmente en aguas internacionales, hay que intentar detenerla”, dijo, describiendo lo que, según él, se supone que son las normas habituales de enfrentamiento. “En realidad solo disparas si te disparan”.
La cuestión jurídica es si Trump puede optar simplemente por rechazar ese planteamiento y trasladar el problema del narcotráfico de las normas de aplicación de la ley al marco más severo de las normas de guerra, especialmente cuando el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado con bandas y cárteles como el Tren de Aragua.
Geoffrey Corn, abogado militar retirado que fue asesor principal del Ejército para cuestiones de derecho de guerra, dijo que creía que la orden de Trump y Hegseth no estaba justificada como acto de defensa propia. Expresó su preocupación por el hecho de que lo que consideraba una orden aparentemente ilegal se transmitiera a través de la cadena de mando militar y se llevara a cabo.
El aparente giro del barco antes de que comenzara el ataque, dijo, reforzaba ese juicio.
“Creo que es un precedente terrible”, dijo. “Hemos cruzado un límite”.
