En marzo, 252 venezolanos los deportó Estados Unidos y enviados al CECOT, megacárcel salvadoreña, donde sufrieron tortura sistemática en CECOT, según Human Rights Watch.
El informe “Llegaron al infierno”, publicado por HRW y Cristosal, revela abusos físicos, violencia sexual y desapariciones forzadas contra migrantes venezolanos recluidos sin juicio previo.
Durante cuatro meses, los detenidos vivieron hacinados, sin acceso a agua potable, alimentación adecuada ni atención médica, lo que agravó su sufrimiento físico y psicológico.
Además, HRW documentó que los guardias golpeaban a los internos con porras, los obligaban a arrodillarse y los encerraban en celdas de castigo sin explicación.
La tortura sistemática en CECOT revela una política migratoria inhumana
La administración Trump financió el traslado de los migrantes, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, sin pruebas ni procesos judiciales transparentes.
Cristosal denunció que el régimen de incomunicación impedía a los detenidos contactar a familiares o abogados, violando derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Tres venezolanos relataron de la tortura sistemática en CECOT y víctimas de violencia sexual por parte de guardias, quienes los obligaron a realizar actos degradantes bajo amenaza constante.
Antes de visitas oficiales, los internos recibían colchones y artículos de higiene, pero luego los retiraban, evidenciando una manipulación sistemática de las condiciones carcelarias.
Casi la mitad de los deportados no tenía antecedentes penales, y más de sesenta estaban en trámites de asilo cuando los expulsaron arbitrariamente.
HRW y Cristosal solicitaron información a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero ambos se negaron a responder, incurriendo en desaparición forzada.
La comunidad internacional exige transparencia, justicia y reparación para las víctimas por la tortura sistemática en CECOT, mientras organizaciones de derechos humanos intensifican su presión diplomática.
Este caso expone cómo la política migratoria puede convertirse en una herramienta de represión, ignorando principios básicos de dignidad humana y debido proceso.
Es urgente que los gobiernos involucrados rindan cuentas, garanticen protección a migrantes y cesen prácticas que perpetúan el sufrimiento de poblaciones vulnerables.
