La decisión presidencial sobre el despliegue militar en Chicago ha generado una nueva ola de controversia política en Estados Unidos. Donald Trump autorizó el envío de 300 soldados de la Guardia Nacional a Chicago, desatando críticas de líderes demócratas.
Mientras tanto, una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue militar en Portland, otra ciudad gobernada por demócratas.
Ambas urbes se han convertido en focos de tensión por la campaña de deportaciones masivas impulsada desde Washington. Según la Casa Blanca, los soldados protegerán activos federales y funcionarios ante posibles disturbios y actos de violencia.
La subsecretaria de prensa Abigail Jackson afirmó que Trump no ignorará la falta de legalidad en ciudades estadounidenses. El despliegue militar en Chicago fue ordenado tras un tiroteo en la ciudad que involucró a agentes federales.
El mandatario «no hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses», agregó.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció haber recibido un ultimátum para enviar tropas estatales. De no hacerlo, el gobierno federal tomaría el control del operativo sin consentimiento local. Pritzker calificó la exigencia como “antiestadounidense” y “una amenaza a la autonomía estatal”.
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En Portland, la jueza Karin Immergut consideró que las protestas no justificaban una intervención militar.
La magistrada señaló que los cuerpos de seguridad regulares pueden manejar la situación sin tropas federales. El senador Ron Wyden celebró el fallo como una victoria contra la militarización de las ciudades.
La estrategia de Trump ha sido rechazada por múltiples autoridades locales en todo el país. A pesar de las críticas, el presidente insiste en que los despliegues buscan restaurar el orden.
La tensión entre gobiernos estatales y la Casa Blanca continúa escalando con cada nueva orden ejecutiva. Este episodio refuerza el debate sobre el uso de fuerzas militares en conflictos internos.
AFP/AP/RDN
