En un giro estratégico sin precedentes para la política energética de Venezuela, el Ejecutivo nacional presentará formalmente ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras en Caracas. Esta iniciativa tiene como objetivo central permitir e incentivar la inversión del sector privado en las fases críticas de generación, transmisión y distribución de energía en el país, rompiendo con el esquema de centralización absoluta que históricamente ha manejado la corporación estatal Corpoelec.
Un cambio de paradigma en la gestión energética
La propuesta legislativa, que será consignada en los próximos días para su debate de urgencia parlamentaria, representa un cambio de paradigma en el modelo de gestión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La reforma contemplará esquemas flexibles de concesión, asociaciones estratégicas y la inyección de capital privado, tanto de origen nacional como extranjero, para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética. La apertura abarcará la generación bajo fórmulas térmicas, hidroeléctricas y de energías renovables, así como la adecuación técnica de las redes de transmisión de alta tensión y los circuitos de distribución comercial urbana e industrial.
Contexto crítico y planes de recuperación inmediata
Durante su intervención ante el gremio empresarial, Rodríguez detalló que el SEN se ha visto severamente afectado por factores climáticos y eventos recientes, como el doblete sísmico registrado el pasado mes de junio, que provocó la pérdida de 800 megavatios (MW) en la región central y capital del país. A esto se suman las dificultades para acceder a repuestos originales de fabricantes internacionales debido a las sanciones económicas. No obstante, la mandataria interina destacó que ya se han recuperado 600 MW de esa pérdida y que se ejecuta un plan para incorporar 1.300 MW adicionales al sistema termoeléctrico antes de finalizar el año, con el fin de estabilizar el suministro y disminuir los programas de administración de carga.
Alianzas internacionales y regulación de tarifas
Para garantizar la viabilidad técnica y financiera de esta transición, el Gobierno venezolano ha gestionado el acceso a insumos de firmas multinacionales como Siemens y General Electric, además de suscribir acuerdos con la empresa IMSA. Asimismo, en el marco de la cooperación bilateral con la República Popular China, se prevé la pronta sincronización de la máquina 6 de Planta Centro, la cual aportará 600 MW adicionales para dar estabilidad a las regiones central y occidental del país. A mediano plazo, las proyecciones oficiales apuntan a incorporar un total de 7.400 MW derivados de estas alianzas estratégicas.
Finalmente, la reforma legal no dejará de lado el rol supervisor del Estado. El nuevo texto jurídico contemplará la creación de un marco regulatorio de tarifas y un esquema de fiscalización técnica riguroso. Con estas herramientas, el Ejecutivo busca garantizar la equidad en la prestación del servicio público a la ciudadanía, asegurar la sostenibilidad de las inversiones privadas y proveer el flujo eléctrico continuo que demanda el sector industrial para dinamizar la productividad nacional.
