El abogado penalista Juan Pablo Montiel explicó el alcance del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, y destacó la importancia de informar a la ciudadanía sobre las etapas que todavía deben cumplirse.
Montiel señaló que la propuesta modifica específicamente el artículo 65 de la ley, relacionado con la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. Actualmente, esta instancia está conformada por 21 miembros: 11 diputados y 10 representantes de los demás sectores de la sociedad.
La reforma propone elevar su composición a 23 integrantes, manteniendo los 11 parlamentarios y aumentando de 10 a 12 la representación social, que pasaría a tener mayoría numérica dentro del Comité.
Precisó que la primera discusión no concluye el procedimiento legislativo. El proyecto deberá ser estudiado por la Comisión Permanente competente, que dispone constitucionalmente de un plazo no mayor de 30 días consecutivos para presentar el informe correspondiente.
Durante esa etapa deberá realizarse la consulta pública prevista en el artículo 211 de la Constitución. Posteriormente, el proyecto regresará a la plenaria para su segunda discusión artículo por artículo. Si resulta sancionado, deberá cumplir con el control correspondiente a su carácter orgánico, ser promulgado y publicarse en la Gaceta Oficial.
Montiel también recordó que la convocatoria para los aspirantes a magistrados debe permanecer abierta durante un período no menor de 30 días continuos. Publicada la lista, la ciudadanía dispone de 15 días para presentar impugnaciones sustentadas.
Después de la primera preselección realizada por el Comité, la lista será remitida al Poder Ciudadano para una segunda evaluación y finalmente a la Asamblea Nacional, a la que corresponde efectuar la designación definitiva.
“El verdadero resultado de esta reforma dependerá de la transparencia del procedimiento, de la independencia de los candidatos y de su compromiso con la Constitución. Todo cambio que contribuya a democratizar y fortalecer el sistema de justicia debe ser respaldado”, afirmó.
El abogado sostuvo que Venezuela necesita magistrados que no sean percibidos como representantes del Gobierno, de la oposición ni de intereses particulares, sino como servidores de la Constitución, la justicia y todos los venezolanos.
