El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este miércoles un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el propósito de bloquear un fallo judicial que restablecería el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos venezolanos, según reportó la agencia Associated Press (AP).
La ofensiva legal del Ejecutivo responde a la determinación de un juez federal en California, quien declaró ilegal la cancelación del programa migratorio y ordenó restituir sus beneficios. Aunque un tribunal de apelaciones congeló temporalmente dicha orden, la suspensión expira este viernes 20 de noviembre, lo que reactivaría de inmediato el amparo migratorio si el máximo tribunal no interviene antes de ese plazo.
En su escrito ante los magistrados, los abogados del Departamento de Justicia advirtieron que el restablecimiento del TPS ocasionaría un «daño grave e inmediato» a la gestión migratoria. Según las cifras aportadas por el Gobierno, permitir la entrada en vigor del fallo obligaría a las autoridades federales a liberar a cerca de 1.800 venezolanos que actualmente se encuentran bajo custodia migratoria, frenaría la ejecución de 332 órdenes de deportación y forzaría la reemisión de permisos de trabajo.
Antecedentes de una batalla judicial
El litigio se remonta a 2025, cuando la Casa Blanca ordenó el cese del programa para Venezuela. En una instancia previa, la Corte Suprema avaló que la administración retirara las protecciones de manera provisional mientras se resolvía el fondo de la demanda. No obstante, el posterior dictamen de ilegalidad emitido en California reabrió la puerta a la vigencia del beneficio, generando el actual choque procesal.
Instaurado por el Congreso estadounidense en 1990, el TPS otorga residencia legal temporal —en períodos de hasta 18 meses— y autorización de empleo a nacionales de países afectados por conflictos armados, catástrofes naturales o crisis extraordinarias.
Para el caso venezolano, el beneficio fue aprobado originalmente en marzo de 2021 y ampliado en septiembre de 2023 bajo la administración de Joe Biden, llegando a amparar a cerca de 600.000 personas. Tras la cancelación decretada por el Gobierno de Trump, los permisos laborales perdieron validez, dejando a decenas de miles de migrantes expuestos a procesos de expulsión o empujándolos a abandonar el país de forma voluntaria. Hasta la fecha, no existen cifras oficiales sobre cuántos exbeneficiarios permanecen en territorio estadounidense.
Un recorte migratorio de amplio alcance
La disputa por el TPS venezolano se enmarca en una estrategia más extensa de la Casa Blanca para desmantelar amparos temporales, bajo el argumento de que estos mecanismos no deben convertirse en vías de residencia permanente. En total, la administración ha revocado protecciones para más de un millón de migrantes provenientes de 13 naciones, incluyendo a Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria.
Si bien el Supremo ya respaldó en junio el fin del programa para haitianos y sirios, el Ejecutivo ha mantenido excepciones selectivas: en septiembre prorrogó el amparo para casi 200.000 salvadoreños y en octubre hizo lo propio con más de 100.000 ciudadanos de Ucrania y Sudán.
La decisión que adopte la Corte Suprema en las próximas horas definirá el estatus legal inmediato de la comunidad venezolana afectada mientras los tribunales inferiores continúan deliberando sobre la legalidad definitiva de la medida.
Fuente: El Cooperante

