El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una “reorganización de la división política administrativa” del país, reduciendo de 262 a 44 los municipios y de 84 diputados en el Órgano Legislativo a 60.
“Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44 (…) los municipios actuales se convertirán en municipios que a su vez integraran estas 44 alcaldías (…) es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, solo 44 con sus respectivos consejos municipales”, dijo.
El mandatario aseguró que “muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente”.
Aclaró, sin dar más detalles, que con la reducción de municipios “no van a desaparecer las identidades de los municipios, esas van a continuar convertidas en distritos”.
Además, Bukele propuso al Congreso la reducción de 84 diputados a 60.
Las propuestas del mandatario tienen que ser votadas en el Congreso y ambas, “espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales de 2024″, agregó Bukele.
El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Asimismo, Bukele anunció la noche de este jueves que su Gobierno llevará a cabo una “guerra frontal” contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para “los corruptos”.
“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción”, dijo el mandatario durante un discurso en la sede de la Asamblea Legislativa con motivo de su cuarto año al frente del Ejecutivo.
“Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco vengan de dónde vengan”, apuntó.
Bukele, que llegó en 2019 a la Presidencia con la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y que tomó el combate a la corrupción como principal promesa de campaña, aseguró que “nadie tiene derecho a ser corrupto, que nadie piense que está blindado”.
El mandatario, que en septiembre de 2022 anunció que buscará en 2024 su reelección, indicó que “así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos”.
Y añadió que “incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado”.
Bukele cumplió este jueves cuatro años en el poder en El Salvador con gran popularidad por su “guerra” contra las pandillas, pero con críticas sobre la vigencia de los valores democráticos.
Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles, pero su cruzada antipandillas encendió las alarmas de los defensores de los derechos humanos y algunos analistas advierten que parece gobernar sin contrapeso de otros poderes del Estado.
“Se puede calificar como un logro notable el tema de la reducción de la operatividad de las pandillas (…), por la reducción del número de delitos cometidos”, declaró a la agencia AFP Carlos Carcach, investigador del área de políticas públicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios.
“El principal logro es el tema de la seguridad, la desarticulación de las pandillas”, coincide Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva.
“Realmente ha generado un nuevo clima donde se comienza a ver una revitalización del tejido productivo de microempresas”, afirmó.
Las pandillas mantenían el control del 80% del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
Para combatirlas rige desde hace 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial.
La medida fue aprobada por el Congreso a pedido del Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas.
Las autoridades han ido liberando barrios y recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros. Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales.
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