El mar del Pacífico volvió a arder este miércoles tras otro ataque de Estados Unidos, intensificando su campaña militar antinarcóticos con cuatro nuevas muertes confirmadas.
Según el secretario de Defensa Pete Hegseth, la embarcación atacada transitaba una ruta conocida por el narcotráfico, lo que justificó la ofensiva aérea en aguas internacionales.
Aunque el video difundido muestra una explosión impactante, las imágenes están difuminadas, dificultando verificar cuántas personas viajaban realmente en la lancha.
Desde el inicio de esta campaña militar antinarcóticos, ya suman al menos 62 fallecidos, muchos de ellos sin pruebas públicas que confirmen vínculos con el narcotráfico.
La campaña militar antinarcóticos de Trump desata tensiones regionales
El presidente Donald Trump ha defendido esta estrategia como necesaria para combatir el narcotráfico, aunque varios gobiernos latinoamericanos cuestionan su legalidad y transparencia.
México intentó rescatar a un sobreviviente del ataque anterior, pero la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los esfuerzos fueron infructuosos.
Mientras tanto, Venezuela anunció la interceptación de tres aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico, reforzando su postura soberana ante el despliegue estadounidense.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que dos aviones venían del norte y uno del Caribe, todos derribados por la Fuerza Aérea venezolana.
Caracas ha denunciado que el despliegue de siete buques de guerra y aviones F-35 cerca de sus costas representa una amenaza directa a su soberanía, aún cuando el gobierno de Trump ha reiterado que están en campaña militar antinarcóticos.
El portaaviones USS Gerald R. Ford encabeza el grupo de ataque, aumentando la tensión en una región ya marcada por conflictos diplomáticos.
Washington insiste en que se trata de una operación antidrogas, pero no ha presentado pruebas concluyentes sobre los objetivos atacados.
Maduro, acusado por Trump de ser supuestamente narcotraficante, niega los señalamientos y denuncia una campaña de desestabilización internacional.
La comunidad internacional observa con preocupación el aumento de acciones militares sin respaldo legal claro ni evidencia pública.
Organismos de derechos humanos exigen transparencia y respeto al derecho internacional en cada intervención armada, a pesar de que EE.UU. insiste en su campaña militar antinarcóticos.
Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas que nunca llegan, atrapadas entre fuego cruzado y silencio oficial.
Es momento de exigir rendición de cuentas, porque cada vida perdida merece justicia, no solo una justificación política sin fundamentos.
