En Singapur, la lucha contra el fraude digital ha tomado un giro radical: se aplicará castigo corporal para estafadores digitales que reincidan en sus delitos.
El Parlamento aprobó una ley que permite azotar con vara a quienes cometan estafas digitales, incluyendo mulas bancarias y facilitadores del sistema de identidad Singpass.
Entre 2020 y 2025, se registraron más de 190.000 casos de fraude digital, con pérdidas que superan los 3.700 millones de dólares singapurenses.
El castigo corporal para estafadores digitales divide opiniones en Singapur
La ministra Sim Ann explicó que las estafas representan el 60% de los delitos denunciados, lo que motivó medidas más severas para frenar esta tendencia.
La nueva legislación contempla entre 6 y 24 azotes, dependiendo de la gravedad del delito, y se aplicará tras sentencia judicial firme.
Además, se sancionará a quienes colaboren con redes criminales, incluyendo reclutadores y personas que cedan sus datos para facilitar fraudes.
Aunque algunos sectores celebran la decisión, otros cuestionan si el castigo corporal para estafadores digitales vulnera derechos humanos fundamentales.
Organizaciones internacionales han pedido revisar la medida, alegando que podría generar más miedo que prevención entre la población.
Por otro lado, defensores de la ley aseguran que el impacto económico del fraude justifica acciones contundentes y ejemplarizantes.
El gobierno insiste en que esta medida de castigo corporal para estafadores busca proteger a los ciudadanos y restaurar la confianza en el sistema digital nacional.
Singapur ya aplicaba castigos físicos en casos graves, pero esta es la primera vez que se extiende a delitos tecnológicos.
La ley también contempla campañas educativas para prevenir estafas y fomentar el uso seguro de plataformas digitales entre jóvenes y adultos.
Expertos en ciberseguridad recomiendan fortalecer los sistemas de verificación y monitoreo para evitar que los usuarios caigan en engaños.
Este debate sobre el castigo corporal para estafadores digitales refleja el dilema entre justicia punitiva y derechos humanos en la era digital.
