Este jueves 8 de octubre, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se presentará ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Su equipo legal interpondrá una moción formal para obtener la libertad bajo fianza y el posterior beneficio de arresto domiciliario, argumentando un detrimento constante en su condición física.
De acuerdo con los informes presentados por la defensa y respaldados por la agencia EFE, el bienestar de la exlegisladora ha decaído significativamente desde su ingreso al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, el pasado 3 de enero, tras su captura conjunta con Maduro. Sus representantes legales califican el centro penitenciario como un entorno perjudicial para su recuperación.
Argumentos médicos y controversia legal
Los expedientes señalan que Flores ha padecido episodios de taquicardia ventricular, dolor torácico severo, una pérdida ponderal superior a los diez kilogramos y pérdida dental. Asimismo, denuncian la interrupción de su tratamiento inyectable para el prolapso de la válvula mitral.
Aunque los galenos del penal sugirieron un cateterismo cardíaco, la acusada ha aplazado la intervención hasta disponer de un entorno posoperatorio adecuado fuera del recinto penitenciario.
Por su parte, la Fiscalía de los Estados Unidos se opone rotundamente a la excarcelación. El ente acusador argumenta que la propia imputada ha obstaculizado su evolución médica al rechazar los tratamientos propuestos. Del mismo modo, advierte sobre un elevado peligro de fuga, fundamentado en su red de contactos, la falta de arraigo en territorio estadounidense y la presunta disposición de capitales. Los fiscales también consideran que su liberación representaría un riesgo para la seguridad pública ante una eventual comunicación con colaboradores en Venezuela o interferencia con testigos.
Medidas de coerción y próximos pasos procesales
En respuesta a los señalamientos de la fiscalía, la defensa sostiene que la procesada no posee recursos financieros propios y ha propuesto un esquema de supervisión riguroso. Este incluye un sistema de vigilancia privada costeado por el Estado venezolano, uso de grillete electrónico con GPS, fiscalización de comunicaciones y acceso restringido a una residencia en Nueva York cuya ubicación permanece bajo reserva judicial.
Tanto Flores como Maduro enfrentan graves cargos federales por supuesto narcotráfico y tenencia ilícita de armas. Adicionalmente, Maduro afronta cargos por presunta conspiración de narcoterrorismo.
La vista de este jueves se centrará de manera exclusiva en la petición de medida cautelar de Flores para definir si continuará en prisión preventiva o si aguardará el juicio en arresto domiciliario. Por otro lado, la discusión sobre inmunidad soberana se fijó para noviembre, y el inicio del juicio principal quedó programado para junio de 2027.
