MARACAIBO — El ciudadano Gustavo Armando Ruiz Mesa acudió a los medios de comunicación para solicitar públicamente la revisión de un proceso penal en el estado Zulia relacionado con una denuncia de presunta estafa y agavillamiento que involucra a dos ciudadanos, al comerciante Carlos Ortiz y al abogado Adib Dib, al señalar la presunta existencia de anomalías durante el desarrollo de la causa.
De acuerdo con lo expuesto por Ruiz Mesa, el caso se originó a partir de una denuncia formal por los delitos de presunta estafa y agavillamiento contra estas dos personas, investigación radicada bajo el expediente MP 94461-24 ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en Maracaibo. Según el testimonio del denunciante, dicha representación fiscal habría estimado elementos suficientes para solicitar el avance hacia la imputación de los señalados.
Discrepancia sobre las decisiones judiciales
El denunciante afirmó que, con posterioridad a dichas actuaciones, una medida atribuida a la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia —vinculada al expediente 6C-39117-25— dejó sin efecto el curso fijado previamente por el Ministerio Público.
Ante este panorama, Ruiz Mesa hizo un llamado directo a las máximas autoridades del sistema de justicia venezolano, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la República, a fin de que evalúen el expediente y determinen si el procedimiento se ha apegado al marco legal vigente.
«Solicito a gritos ayuda de los organismos superiores para que revisen y reviertan esta decisión», expresó Ruiz Mesa en su pronunciamiento.
Marco institucional y verificación de los hechos
Carácter de la denuncia: Las aseveraciones divulgadas corresponden de manera exclusiva a la versión de la parte denunciante.
Estado del proceso: La validez de las actuaciones descritas queda sujeta a las verificaciones, auditorías e investigaciones internas que resuelvan ejecutar las instancias judiciales competentes.
Derecho a réplica: Hasta el momento de esta redacción, no se disponen de pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades señaladas ni de las versiones de la contraparte involucrada en el proceso.
NOTA DE PRENSA
