En una sesión ordinaria de trascendencia jurídica para Venezuela, el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Baremo de Evaluación técnica y académica que regirá el proceso de preselección de las y los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este instrumento, diseñado bajo estrictos parámetros de medición, busca estandarizar la ponderación de méritos profesionales, académicos y éticos de los profesionales del derecho postulados para renovar los cargos vacantes dentro de las distintas salas del máximo tribunal del país.
Parámetros legales y fundamentación técnica del proceso
El establecimiento de este riguroso mecanismo técnico responde fielmente a lo contemplado en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho marco normativo faculta y obliga al comité a definir con claridad los criterios cuantitativos y cualitativos que determinarán la idoneidad y solvencia de los aspirantes. Aunque la legislación vigente exige una mayoría calificada de al menos dos terceras partes (2/3) de los miembros del cuerpo para la aprobación del baremo, el consenso absoluto alcanzado por los 23 integrantes del comité —conformado por 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil— consolida la legitimidad de esta etapa del proceso.
Estructura de la puntuación: un método de 100 puntos
El baremo aprobado distribuye la calificación del perfil de los aspirantes sobre una escala máxima de 100 puntos, dividida en cinco componentes esenciales encaminados a garantizar la objetividad y a reducir la discrecionalidad política. La mayor ponderación recae en el área de Formación Académica y Producción Intelectual, que representa un total de 28 puntos; dentro de este apartado se asignan calificaciones diferenciadas a los títulos de doctorado, maestrías, especializaciones o producción literaria jurídica. Le siguen la Experiencia Docente y Académica con 19 puntos, la Trayectoria Profesional con 19 puntos y la Experiencia Jurisdiccional con otros 19 puntos, orientados a ponderar el tiempo de servicio acumulado en el sistema de justicia.
El último de los cinco componentes es la Entrevista de Evaluación Técnica, Ética y de Competencias, valorada en 15 puntos. Durante esta fase final de intercambio verbal y defensa técnica se pondrán a prueba destrezas de dominio constitucional, legal y jurisprudencial, la capacidad para resolver casos complejos de forma imparcial y transparente, así como las propuestas operativas destinadas a la modernización judicial y la solvencia ético-moral de cada uno de los candidatos.
Siguientes etapas de preselección y remisión institucional
Conforme al cronograma y la ruta procedimental legislativa, el Comité de Postulaciones Judiciales se encargará de conformar una lista de preseleccionados que no deberá ser inferior al triple del número de cargos vacantes a designar en el Poder Judicial. En el escenario técnico de que la totalidad calificada de aspirantes no exceda de dicha proporción, todos los expedientes validados avanzarán de manera automática a la siguiente fase del procedimiento. Al día siguiente de concluir formalmente esta crucial etapa de preselección y depuración técnica, el comité remitirá la nómina consolidada y los expedientes físicos y digitales a las oficinas del Poder Ciudadano, a través del Consejo Moral Republicano, instancia responsable de continuar con el trámite institucional previsto en la Constitución y las leyes.
