El Congreso de Chile aprobó una reforma legislativa clave orientada a agilizar los procesos de expulsión de inmigrantes en situación irregular. La nueva normativa introduce facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad, entre las que destaca la posibilidad de ingresar a domicilios particulares bajo autorización judicial con el único propósito de aprehender a personas que ya cuenten con una orden de salida del territorio nacional decretada por las autoridades competentes.
Ampliación de facultades policiales y acceso a datos públicos
El núcleo de la legislación aprobada modifica sustancialmente los procedimientos de control migratorio en el país sudamericano. Según detalló el Senado chileno en un comunicado oficial, la policía podrá solicitar formalmente a un juez de la República una orden de entrada y registro a un inmueble específico cuando existan antecedentes de que allí se encuentra un ciudadano extranjero con un decreto de expulsión vigente. Asimismo, la ley faculta a las autoridades migratorias y policiales a requerir información detallada a diversos organismos públicos con el fin de localizar y notificar de manera efectiva a los indocumentados sobre sus respectivas órdenes de salida.
Un proyecto de origen transversal impulsado por la nueva administración
La iniciativa legal cuenta con un particular trayecto político, habiendo sido ingresada originalmente en el año 2024 bajo la administración del exmandatario Gabriel Boric. No obstante, el proyecto recibió un reimpulso definitivo por parte del gobierno del actual presidente José Antonio Kast, quien asumió el mandato en marzo con una agenda fuertemente enfocada en la seguridad pública y el control fronterizo. Durante su campaña electoral, Kast prometió la expulsión de más de 330.000 migrantes en situación irregular, una cifra que representa el volumen estimado de extranjeros indocumentados que residen actualmente en Chile.
Desafíos operativos y el factor de la población venezolana
A pesar del endurecimiento del marco legal, la implementación de las expulsiones masivas enfrenta severas complejidades logísticas y diplomáticas. En los primeros seis meses de la gestión de Kast, las autoridades lograron ejecutar la expulsión de aproximadamente 1.800 personas, correspondientes en su mayoría a ciudadanos de nacionalidad colombiana, peruana, ecuatoriana y boliviana. Sin embargo, el mayor contingente de población migrante irregular en Chile proviene de Venezuela, un grupo respecto al cual las repatriaciones efectivas siguen paralizadas debido a las tensiones diplomáticas bilaterales, que no se han traducido en una reactivación de los vuelos de deportación pese a los intentos de normalización de relaciones concretados a mediados de año.
